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San Martín: una articulación entre estado, organizaciones sociales y universidad

El secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín dialogó con Ansol sobre el trabajo que realizó junto con organizaciones de la economía popular y solidaria. Ordenanzas clave y una mesa de diálogo para que nadie pierda su identidad.

21 de octubre de 2019, CABA (Ansol).- Oscar Minteguía es secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín desde hace ocho años. Ayer, el intendente Gabriel Katopodis ganó con más del 54 por ciento de los votos

El distrito del norte del conurbano bonaerense tiene cerca de 500 mil habitantes en algo más de 50 kilómetros cuadrados, lo que lo vuelve el tercero más densamente poblado de la Argentina detrás de la Ciudad de Buenos Aires y Lanús.

Fue históricamente sede muy fuerte de un parque industrial que sufrió los avatares de las distintas crisis económicas, pero que aún tiene más de 3500 pymes textiles, metalmecánicas, derivadas del petróleo.

Entre esas pymes, existen alrededor de 15 experiencias de empresas de trabajadores conformadas en cooperativas de trabajo.

Una mesa de trabajo y diálogo con municipio y universidad

En los últimos años, las más recientes recuperadas fueron acompañadas por la mesa de intercambio de la que participan también el Municipio, la Universidad de San Martín

«Desde el inicio mismo de la gestión, a partir de la experiencia que traíamos tanto el intendente Gabriel Katopodis como yo, en procesos de economía solidaria, economía popular y solidaria, constituimos el organigrama con el que salimos a la cancha, una secretaría de Economía Social y Solidaria que tiene tres direcciones y que anima procesos», explicó Minteguía a ANSOL.

La secretaría tiene como objetivo identificar en el territorio personas y colectivos también que desde una estrategia autogestiva, no asalariada, da respuesta a la generación de ingresos necesaria para sostenerse y sostener a sus familias.

Una comunidad diferente

«Cuando esos procesos son organizados y son asociativos, también, a veces inclusive de forma inconsciente, se genera ahí un volumen de construcción de comunidad diferente que al final de cuentas es el detalle fundamental y estratégico de los actores de la economía y la solidaridad, que es construir otra economía para construir otra comunidad», argumentó el secretario de Desarrollo Social.

Para él, se trata de buscar una comunidad próxima a lo que pensaban y sentían los pueblos originarios, más que de punta. En sus palabras, se trata de una comunidad que mire «cómo era la relación de los seres humanos cuando no estaba tan instalado entre nosotros el tema de la competencia y el tema del individualismo que este modelo económico liberal, capitalista, sobre todo esta versión neoliberal, exacerba y promueve generando aún desde las posiciones de trabajo, aún desde las posiciones de empleo asalariado, en blanco o en negro, situaciones que están más parecidas a la esclavitud que a la verdadera liberación».

Desde su punto de vista, el capitalismo ve al trabajador asalariado como un esclavo con plata para gastar. «La economía capitalista básicamente es un mercado donde nosotros somos simplemente piezas que tenemos que consumir lo más rápido posible y sea lo que sea. Esta es la reflexión que hemos compartido y que venimos compartiendo a través de instrumentos, a través de programas, a través de herramientas que permitan identificar a esos actores individuales o asociados y fortalecerlos», agregó.

Para Minteguía, la mesa de diálogo y trabajo les permite pensar en conjunto, sin que nadie abandone lo que tiene que hacer o su modo de pensar. «Eso nos permitió desarrollar un camino de encontrar espacios que nosotros le llamamos de gestión compartida, como un estadío mejorado de la gestión asociada. No solamente compartimos diagnósticos, sino que compartimos diseños de estrategias y también compartimos la posibilidad de destinar presupuesto para eso», desarrolló.

Políticas públicas para la autogestión

Ese ámbito está creado por ordenanza y es un consejo consultivo de empresas sociales para ampliar el espectro. En conjunto son más de 350 trabajadores y trabajadoras que resisten en esa doble tarea de generarse el puesto de trabajo y trabajar.

Tres ordenanzas concretas

Desde ahí se crearon tres ordenanzas: la primera establece un registro de empadronamiento de empresas sociales que les permitió a las cooperativas deslindar las deudas de tasas municipales que arrastraban de los antiguos patrones. Cuando las cooperativas realizan tareas sociales, se les puede dar la exención del pago de la tasa de seguridad e higiene.

La segunda ordenanza estableció el compre municipal a estrategias asociativas de la economía popular y solidaria.

La tercera suma el sector de las empresas recuperadas a la emergencia pyme, que decretó el intendente, y establece varios instrumentos que hacen al apuntalamiento técnico, legal y económico  de las empresas recuperadas.

Además de estas ordenanzas, en 2012 se creó un fondo de crédito para destrabar el acceso a financiamiento. Según relató Minteguía, el fondo tiene un recupero «espectacular» que le permite mantener la iniciativa.

Otra política reciente es la creación del consejo de la economía popular. Allí, junto con con los movimientos sociales que tienen expresión en San Martín, como el Frente Popular Darío Santilán, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie.

Quienes participan de ese consejo administran juntos un polo productivo, el polo productivo Cevallos, donde residen los emprendimientos productivos de estas cooperativas. «Estamos imaginando qué cosas se pueden consolidar en este proceso de la construcción de otra economía», soñó Minteguía.

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