El jefe de Gobierno de la Ciudad eludía la responsabilidad por el acceso al agua pero en una sentencia histórica la justicia le ordena que en un plazo de 5 días elabore un plan de contingencia. Sentencia histórica.

7 de mayo de 2020, CABA (Ansol).- La justicia reconoció que no hay acceso al agua potable en los Barrios Populares y que las acciones realizadas por el GCBA son insuficientes. El GCBA destina para cada villa, en promedio, un camión de 7.000 litros de capacidad durante 12 horas que a lo sumo abastece a 140 habitantes por día en barrios cuya población supera las decenas de miles de personas.

En la medida, que fue tomada por el Juez Osvaldo Otheguy, titular del Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°8, se le exige al GCBA garantizar el agua potable en calidad y cantidad suficientes para satisfacer todos los usos diarios: higiene personal y doméstica, y consumo directo.

“La orden es histórica porque es la primera vez que el poder judicial otorga una protección para todos los barrios populares, en este caso el agua como un derecho humano. En otros casos había atendido problemáticas en relación a una manzana o a un barrio, ahora universalizó a todas las villas”, expresó en diálogo con Agencia de Noticias ANSOL, Jonatan Baldiviezo, Presidente del El Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC, a lo que agregó que la justicia reconoce “la ineficacia y la insuficiencia de las medidas y operativos implementados por el Gobierno de la Ciudad en esta pandemia de COVID-19 en relación a garantizar el agua potable”.

Además, en la orden judicial se operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable disponiendo cómo dotación diaria por habitante para los Barrios Populares la que corresponde al resto de la ciudad (150 litros diarios por habitante).

Finalmente, la justicia ordenó al GCBA que elabore, en un plazo de 5 días, e implemente un plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias previamente acordado con la comunidad. “Algo muy importante que se dictaminado en la sentencia es que el plan debe ser discutido y consensuado con la comunidad. No es un mandato de que el gobierno elabore un plan de forma vertical sino que lo tienen que consensuar con los que están sufriendo y conocen. Todo esto pone a la luz la grave crisis sanitaria -donde el problema no es actual- pero se intensifica y profundiza por la epidemia del dengue y la pandemia del COVID-19, y el hecho de no tener la infraestructura necesaria como en otras zonas de la ciudad”, alegó Baldiviezo -en diálogo con ANSOL- uno de los abogados que presentó la demanda.

La acción de amparo fue presentada por La Cátedra de Ingeniería Comunitaria – CLIC (Ing. María Eva Koutsivitis), El Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo), La CTA – Capital (Pablo Spataro), El Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando), El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPYPP (Claudio Lozano) y referentas y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildañez, La Villa 15 – Oculta -, Villa 20).

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