15 de diciembre de 2023, CABA (Ansol) – El Gobierno del presidente Javier Milei ya dio los primeros anuncios sobe el ajuste económico en Argentina. Fue el martes por la tarde, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, quién dio el puntapié del «plan motosierra» en el Estado. Uno de los ejes fue «la suspensión de la pauta oficial de publicidad durante un año».

La novedad encendió las alarmas de los medios comunitarios y alternativos, como así también del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que representa a los periodistas porteños. Es que la decisión impactará en cientos de medios de comunicación, con y sin fines de lucro, en los que hay miles de trabajadoras y trabajadores.

ANSOL consultó a Yair Cybel, periodista, comunicador y representante de la Red De Medios Digitales de Argentina (RMD), quién explicó: «la medida nos impacta de una manera muy negativa, no solo a los medios autogestivos que venimos trabajando hace mucho por la democratización y federalización de la Pauta Oficial, sino también a los medios privados o pymes”.

La La Red de Medios Digitales es una organización que agrupa a 75 medios de comunicación en Argentina, fundada en 2019 y enfocada en la comunicación digital y las nuevas tecnologías. Según Cybel, con la suspensión de la pauta en los medios gráficos, radiales y televisivos, «las grandes ganadoras son las plataformas de redes sociales, con las cuales (el equipo de Milei) viene comunicando y pautando, que son empresas extranjeras que no pagan ningún tributo ni están reguladas. Por eso, es un gran golpe para el sector».

Además, el representante de la RMD reflexionó sobre a quiénes afecta este recorte: «El golpe más grande es para la ciudadanía en general, porque nosotros entendemos que la pauta cumple la obligación de darle publicidad a los actos de Gobierno, por lo que la más perjudicada es la sociedad que retrocede en niveles de transparencia y pierde el acceso a la información pública«.

Sus palabras van en sintonía con lo expresado por el gremio SiPreBA el martes pasado: «la decisión impactará en el acceso de la sociedad a la información pública, obligación del Estado e imprescindible para la vida en común, así como también en quienes trabajan en medios de comunicación, con o sin fines de lucro«. Vale recordar que el periodismo hoy en Argentina es una actividad precarizada y con una pérdida de poder adquisitivo del 51% en los últimos cinco años.

Y desde el gremio concluyeron: «esta decisión anunciada anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Medidas de este tipo, además, aumentan la asimetría y la concentración que, en palabras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica restringir la democracia porque silencia voces».