Vecinos y militantes contaron a Ansol lo que falta y lo que ya significa que exista normativa que reconozca la regularización dominial para la integración socio urbana. 

17 Nov, CABA (Ansol).- La ley 27453, de regularización dominial para la integración socio urbana, más conocida como Ley de barrios populares, fue aprobada hace un mes por unanimidad, en ambas cámaras. Aún falta la reglamentación y, sobre todo, la implementación. Referentes políticos y sociales que trabajan en el tema desde hace años no creen que la implementación esté cerca, en un contexto de crisis económica y reducción presupuestaria. Sin embargo, entienden que la ley impulsada por la CTEP es clave para los barrios populares y ya ha rendido sus frutos.

La ley tiene 4 puntos centrales para las 4 millones de personas que viven en los 4400 barrios populares de todo el país que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap): Declara de utilidad pública las tierras registradas; se suspenden los desalojos por cuatro años; garantiza la urbanización (lo cual ya estaba contemplado en el Decreto 358/2017); un 25 por ciento de las obras destinadas a cumplir con esta ley deben ser realizadas por cooperativas de la economía popular.

Matías Mora es militante de la JP Evita, tiene 23 años y trabaja en el Renabap. Vive en el barrio Soledad, de Villa Fiorito, y explicó a Ansol las implicancias de la ley en la vida cotidiana de los vecinos: “Que sea de utilidad pública significa que no pueden primar los negocios privados inmobiliarios donde hay asentamientos y las tierras quedan sujetas a expropiación. Esto es muy importante porque si hay barrios en tierras privadas, que por lo general es lo que prima, se podrán expropiar, comprárselo al privado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y dárselo al legítimo dueño que es el vecino que vive ahí desde hace muchos años”.

Además, agregó: “Es la primera vez que los vecinos van a tener un documento que acredita que es titular de esas tierras. Esto va a facilitar el acceso a cualquier servicio básico y va a evitar los desalojos”.

En el punto de los desalojos, hizo hincapié Fernanda Miño, concejal de San Isidro por Unidad Ciudadana y vecina del barrio La Cava. “Para nosotros, como barrios, es una herramienta de lucha. Por cuatro años, no pueden desalojar a nadie de esos barrios. Hay muchos vecinos que tienen problemas con desalojos y ven en esta ley una esperanza. Por ejemplo, en Barrio del Puerto hay problemas por temas de desarrollo inmobiliario que nada tienen que ver con la dignidad de las personas que viven ahí desde hace más de 30 años”, puntualizó.

“María Eugenia Vidal y Mauricio Macri no piensan en la integración urbana como un proceso de mejora integral de los barrios, sino como una lavada de cara. Hoy, tenemos el Opisu (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), que son pibes copados, tienen voluntad, pero no pueden hacer mucho por los barrios más vulnerables. Es una intervención superficial. Quieren poner placitas. Si los vecinos están de acuerdo, como sus representantes no podemos decir mucho. Pero como referentes que venimos trabajando hace mucho tiempo con los sectores más vulnerables, es nuestro deber y responsabilidad tratar de concientizar a los vecinos de que es más importante que esa plata se destine a cloacas, al agua potable, a la electricidad, a poner postes, a abrir calles”, apunta la concejal y agrega: “Cambiemos hace hincapié de que en estos barrios está el narcotráfico, la violencia. Criminalizan a nuestros barrios y su trabajo; entran primero con un container de la policía, después te plantan el otro más social y el trabajo que hacen no tiene nada que ver con el proceso que algunos barrios vienen llevando adelante”.

El barrio Soledad adquirió ese nombre por una piba de 17 años, embarazada, que murió por una bala perdida durante un desalojo.

Pero no sólo los desalojos cuestan vidas en los barrios populares, sino también las condiciones precarias en las que viven las personas, como conexiones eléctricas improvisadas, por ejemplo. Por esto, es imperiosa una ley que garantice la urbanización y el acceso a los servicios básicos.

Matías, que milita por el progreso de este barrio desde los 15 años, contó: “Cuando se creó el Renabap, se dio la potestad al Anses de entregar certificados de vivienda. De las 950 mil familias que se estiman viven en barrios populares, la mitad ya fueron censadas. Más de 200 mil ya tienen el certificado. Es un documento que certifica el domicilio de manera legal y fiscal, frente a cualquier organismo. Con esto, pueden acceder a los servicios públicos, por ejemplo, sin tener problemas con las prestadoras. Pero principalmente, brinda al vecino la seguridad jurídica de que nadie los va a sacar de ahí”.

Por otra parte, para Matías “que el 25 por ciento de las obras deban ser hechas por cooperativas, implica que los trabajos van a ser realizados por los propios vecinos, lo cual cumple con otro reclamo de los barrios que es la falta de trabajo digno”.

Además de las organizaciones nucleadas en la CTEP, trabajaron en el desarrollo de esta ley organizaciones como Techo y Cáritas.

“Hay un trabajo importante de ellos acompañando este proceso. Los pibes de Techo han crecido mucho en lo que es el trabajo territorial. No se limitan a la casa de madera, que tantas críticas trajo, sino que trabajan en los barrios desde la organización comunitaria y colectiva”, destacó la concejal Miño.

Tanto Miño como Mora coinciden en que la implementación total de la ley está lejos producto del contexto político y económico que atraviesa el país. Miño entiende que “para que esos papeles no caigan como letra muerta, va a ser muy importante el trabajo que pongamos en los barrios, con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas que tanto han hecho para que esta ley sea una realidad”.

Para Mora, de cara al 2019, “no es muy alentador el panorama porque el Presupuesto juega en contra de los intereses de la patria, destina menos plata a los sectores populares, a la obra pública. Pero eso no será un impedimento para que salgamos a luchar. Va a depender mucho de la organización barrial. Va a terminar definiéndose en la calle, como todo”.