Por Eduardo Reese
Arquitecto y especialista en planificación urbana y regional. Investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
El miércoles 12 de octubre pasado la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma y ampliación de la ley de integración socio-urbana de barrios populares. Concretamente las medidas que se tomarán a partir de este proyecto son: la ampliación del número de zonas que están inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (que pasó de unos 4.400 a unos 5.600, es decir, unos 1.200 barrios más), se suspenden por 10 años los desalojos, se toman una serie de medidas operativas para mejorar los servicios las infraestructuras que a su vez alienta el funcionamiento general de los proyectos que se vienen llevando a cabo a partir de la ley.
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores para su tratamiento, que todos y todas esperamos que efectivamente se apruebe ya que, como dije, amplía de manera importante el número de barrios y sobre todo garantiza la seguridad de tenencia del suelo.
Ahora bien, esto no quita la necesidad de reflexionar sobre punto central para atacar este problema, que tiene que ver con las posibilidades que esta reforma tiene para mejorar efectivamente las políticas dirigidas a los barrios más precarios y a tener una política más firme de igualación de las condiciones de vida y de la prestación de servicios con el resto de las ciudades en la Argentina. Nunca hay que perder de vista que esa igualación de sus condiciones de vida es una decisión de Derechos Humanos enormemente importante.
Por eso, junto con esta posibilidad de ampliar la capacidad estatal para poder mejorar la calidad de vida de tantas familias, es necesario seguir avanzando en un conjunto de políticas que sean preventivas, que permitan la constitución de barrios integrados desde el inicio, que tengamos una serie de medidas, programas y acciones dirigidas a no tener que estar todos los años y toda nuestra vida corriendo detrás de este problema que es la formación de cada vez más barrios populares.
Necesitamos entonces complementar esta ley, que está muy bien, con una política de suelo que sea preventiva, que castigue la especulación, que permita acceder a los sectores populares a los lotes urbanizados y que, en definitiva, evite que los asentamientos informales se sigan ampliando como se vienen ampliando desde hace tantas décadas.
