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27 de Octubre de 2022, CABA (Ansol). –Organizaciones sociales nucleadas en la Mesa Nacional de Barrios Populares realizaron una movilización en el Congreso para “exigirle” a los senadores que conviertan en ley el proyecto de reforma y ampliación de integración socio-urbana de asentamientos. La norma prorroga por diez años la suspensión de los desalojos y promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social, entre otras medidas.
La marcha, que comenzó a las 11 de la mañana, fue para pedirle a los senadores de los diferentes bloques que aprueben la norma. «Para garantizar servicios de agua luz y cloacas no debería haber grieta, sino consenso de toda la política. Es importante que la política nacional acompañe y le de continuidad a esta ley, que busca resolver una de las problemáticas más relegada de nuestro país«, expresaron en un comunicado desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, integrada por Caritas, TECHO y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Además, en el sector hicieron énfasis en que «es urgente la aprobación de esta ley, para garantizarle el derecho a la tierra y la vivienda a 5.000.000 familias que lo necesitan». El proyecto, además, apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Según publicó Télam, aunque tanto el oficialismo como la oposición apoyan la medida que comenzó a implementarse durante el Gobierno de Mauricio Macri, existen discrepancias a la hora de la financiación del programa que recibe fondos de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas y por el Impuesto PAÍS.
Juntos por el Cambio, a través de sus senadores, sostiene que el Registro debe recibir fondos contenidos en la Ley de Presupuesto de cada año y que sean derogados los mencionados gravámenes.
No obstante ese desacuerdo, la sanción de la iniciativa no corre peligro, aunque debe ser convertida en ley antes de este viernes 28 de octubre que es cuando se vencen los cuatro años del proyecto original que evita los desalojos.
