(ANSOL).- La Cámara de Senadores de la Nación aprobó en general la Ley Bases y el paquete fiscal, pero introdujo varias modificaciones en el articulado, que ahora deberán ser tratadas por la Cámara de Diputados para su versión final. En el sector de la Economía Social, Solidaria y Popular, ven con preocupación diferentes puntos: el futuro de organismos claves para el sector, la suerte del monotributo social, la aparición de la figura de «trabajadores colaboradores», las exenciones impositivas y el Régimen a las Grandes Inversiones (RIGI).

Una aclaración es importante para entender todo el asunto: según el reglamento del Congreso, si los cambios en el Senado fueron aprobados con mayoría absoluta (más de la mitad de los senadores), los diputados necesitan esa misma mayoría para insistir con su proyecto original y rechazar esos cambios. Si fueron aprobados con dos tercios en Senado, en Diputados necesitan alcanzar esa misma mayoría (que el Gobierno de Javier Milei no tendría).

En diálogo con ANSOL, Gustavo Sosa, abogado e investigador del Centro de Estudios en Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEES/UNTREF), adelantó que «no hay ninguna medida en la Ley Bases que beneficie a las cooperativas y mutuales porque de hecho no hay ningún tipo de apoyo a las empresas nacionales».

Ley Bases

Art. 3 – Desregulación del Estado

El proyecto que ahora vuelve a Diputados limitó aún más la posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir en órganos u organismos de la administración central o descentralizada. Por lo que, de aprobarse el proyecto tal como está hoy, el Gobierno podría disponer de la reorganización, modificación, transformación o eliminación del Instituto nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Pero el INAES no es el único que le importa al sector y que quedó a merced de lo que disponga Javier Milei y su equipo económico. Misma suerte corren: la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (sistema de finanzas solidarias), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Semillas, y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

«Uno ve que el INAES no está siquiera mencionado, por lo que queda a título de Presidencia reformularlo o disolverlo, lo que implicaría una pérdida muy grande para un órgano que tiene varias décadas y es una herramienta poderosa para el sector, y ni hablar del casi disuelto Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), por lo que hay que ver cuál es la redacción que termina arpobando Diputados», expresó Sosa.

Art. 94 – Trabajadores «independientes» con «colaboradores»

El Senado modificó levemente este apartado. Ahora, el texto que vuelve a Diputados dice: «El trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo«, bajo un régimen especial que reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. «El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos«, continúa el proyecto.

Lo cierto es que esta lógica laboral está en las antípodas de los valores del cooperativismos y mutualismo. De hecho, no deja de ser llamativo que, en paralelo a esto se limitó la creación de cooperativas de menos de cinco personas, por lo que cabe la pregunta: ¿esos grupos pequeños ahora se transformarán en colaboradores de monotributistas?

Art. 162 – Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

El Senado aprobó su creación con algunas modificaciones. Por un lado, el oficialismo agregó al petróleo, gas, siderurgia y turismo como actividades que podrán participar del régimen de supuestas grandes inversiones, siempre y cuando cumplan los requisitos del régimen. Estas ramas se sumaron a la infraestructura, energía, tecnología, forestal y minería, que ya venían de la redacción de Diputados.

Además, se estableció la inclusión de al menos un 20% de su inversión en proveedores locales, «siempre y cuando se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad». Para Sosa, «es muy bajo ese porcentaje, por lo que seguramente si el RIGI avanza, todo el arco de la industria nacional la vea pasar sin encontrar beneficios».

Paquete Fiscal

Sigue el monotributo social (por ahora)

El Senado rechazó el Artículo 100, por lo que continúa el monotributo social. Se trata de la herramienta destinada principalmente a trabajadores de la economía social, que actualmente alcanza a 611 mil personas, según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. La votación salió 40 votos contra 30.

Sosa opinó que «en principio, Diputados no podría volver a insistir en su inclusión porque había una sola redacción (de Diputados) que el Senado eliminó, pero sobre eso puede haber interpretaciones y hasta se puede terminar definiendo en el Poder Judicial«.

Exenciones impositivas

También fue eliminado el artículo 111, por 64 votos contra 6. El mismo instaba al Poder Ejecutivo Nacional a que «en el plazo perentorio de sesenta (60) días de sancionada la presente envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno, mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del artículo 2º del decreto 1731/2004″.

Este apartado ponía en una situación complicada a las asociaciones civiles, mutuales y cooperativas; sobre todo, en este último caso a raíz de las entidades financieras cooperativas, que no pagan Ganancias por ser entidades de la economía social y solidaria; es decir, no perseguir un fin de lucro.

Para Sosa, «lo que es Ganancias y Bienes personales hay que ver si Diputados insiste con su redacción original, ya que el Senado directamente lo eliminó, y ahora los Gobernadores, que son los que piden esto porque sumaban a sus arcas provinciales, podrían insistir con otras estrategias como aumentar Ingresos Brutos, que afectaría a comercios, pero también a cooperativas y mutuales».

Ahora, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará en estos días avanzar en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita sancionar el 27 de este mes los proyectos de ley que imponen una reforma en el Estado.