*Por Andrés Ruggeri

A veinte años del momento clave para la constitución de una identidad como empresas recuperadas, diferenciadas de las demás cooperativas o de otros movimientos más efímeros o fluctuantes, y a unos treinta de los primeros casos que dieron los pasos iniciales, podemos esbozar una serie de elementos de análisis que pueden dar pie para un balance crítico de esta experiencia de autogestión obrera en la Argentina. 

En primer lugar, la experiencia de las empresas recuperadas argentinas muestra, una vez más, que la autogestión es un proceso económico, social y político que puede tener impacto en la restitución y generación del empleo arrasado por las políticas económicas neoliberales.

Esos mecanismos de gestión no son otra cosa que la democratización de las relaciones sociales de producción, si bien en el marco de un espacio productivo delimitado y circunscripto a una unidad productiva particular. Sin embargo, muestran la potencialidad de la clase trabajadora para prescindir de las estructuras patronales.

A su vez, como fenómeno económico la autogestión del trabajo es una herramienta hasta ahora poco desarrollada por el movimiento popular para la disputa de la distribución de la riqueza. La economía popular, en general, no consigue reproducir -en conjuntos mayores a pocos miles de personas y en espacios muy puntuales- las condiciones de funcionamiento que se logran en las ERT y en otros procesos cooperativos con capacidad de inversión de capital, incluso, en forma muy limitada. Esto se debe principalmente a dos elementos fundantes de las recuperadas que no se encuentran en la mayoría de las experiencias de la economía popular: la existencia de un colectivo previamente estructurado y con experiencia y disciplina laboral (lo que en algunas ocasiones se denomina “cultura del trabajo”) y un capital preservado del fracaso patronal previo en forma de instalaciones, maquinarias y en ocasiones entramados de valor. 

Como fenómeno social, la empresa autogestionada es un poderoso aglutinante de redes sociales y de solidaridad, un organizador colectivo poco aprovechado. En este último sentido, ha sido poco explorada la potencialidad del proceso político de las ERT, que podrían convertirse, en base a los puntos anteriores, en un interesante ejercicio de poder popular. La tendencia de las cooperativas en general y de las empresas recuperadas en particular a cerrarse sobre sí mismas, tendencia sustentada en la imperiosa necesidad de sostener los ingresos mediante la actividad económica en el mercado y por la poca profundidad del tejido organizativo conseguido, limita el alcance de las experiencias en esta dirección.

Lo primero en este sentido es que la consolidación de las empresas autogestionadas debe tener un correlato a nivel estatal en programas de apoyo y legislación que aseguren los derechos y las conquistas de la autogestión. El movimiento, en todas sus variantes, se ha mostrado hasta el momento ineficaz en generar las condiciones para avanzar en esta materia después de los logros de los primeros años. La reforma de la ley de concursos y quiebras del año 2011 fue el último avance en ese sentido, y con muchas limitaciones. Esto no tiene porqué ir en desmedro de su autonomía, se trata de la consolidación de derechos conseguidos por la organización y la lucha, como en su momento fueron la jornada laboral de ocho horas, la legalización de los sindicatos o el derecho a la seguridad social. La clase trabajadora que se desempeña en la autogestión está en un ángulo muerto de la legislación: se las reconoce como asociaciones para el trabajo, pero no como un sujeto laboral. Deben cumplir las formalidades impositivas y administrativas de las sociedades económicas, pero casi no pueden recibir créditos y son sistemáticamente dejadas fuera de las políticas públicas (algo de esto se empezó a revertir en el último tiempo, pero falta aún recorrer un largo camino). Lograr un piso de derechos laborales y económicos puede ser un enorme impulso para la consolidación y la ampliación de la autogestión.

Otra materia pendiente es la escasa formación política e incluso profesional, específica, en procesos de gestión, de sus trabajadores, lo que es casi exclusiva responsabilidad de las organizaciones. Los trabajadores de las ERT están a mitad de camino entre el obrero sindicalizado y el trabajador de la economía popular: espera soluciones de un patrón ausente (en ocasiones reemplazado por la dirigencia de la propia organización) o del Estado. Esta situación, que habla de la dificultad en generar una dirección colectiva de la producción, se transforma en la mayoría de los casos en la demora o incluso el fracaso para la construcción de una organización realmente colectiva de lo económico.

En este sentido, la experiencia de las empresas recuperadas se diferencia poco de la mayoría de los recorridos históricos en nuestra región y en otras latitudes, especialmente del movimiento cooperativo. Es el desafío que el economista polaco Jaroslav Vanek sintetizó en “el peligro de usurpación de la autogestión por trabajadores-propietarios”, que subyace en el desarrollo de una organización autogestionaria autocentrada y autofinanciada sin nexos con estructuras mayores que le den sentido. La paradoja es que el éxito económico derive en una pérdida del proceso de autogestión, mientras que una politización sin lograr objetivos en la generación de un ingreso digno para todos los miembros de la organización corre el riesgo de no poder asegurar su supervivencia. La respuesta a este desafío puede pasar, intuimos, por  la ampliación de las redes que contienen a la autogestión, la diversificación de las fuentes de financiamiento y capitalización y la existencia de una estructura política de formación y conducción del proceso.

Esto último es especialmente válido en las fábricas y empresas de ciertas dimensiones, que no pueden generar las condiciones de reproducción de su circuito económico a mediano plazo ni de inversión para asegurar el largo, cosa que suele aparecer con la necesidad de la renovación de bienes de capital y actualización tecnológica. La precariedad jurídica es un elemento clave en esa limitación, ya que son pocas las empresas que disponen títulos de propiedad y pueden acceder a un crédito bancario y para peor, en la Argentina son hasta ahora escasas las alternativas de financiamiento. Pero incluso si lo hubiera, la gran empresa capitalista hace rato que basa su expansión en el crédito, en el apoyo estatal, en la inversión financiera y en la valorización en grandes conglomerados concentrados con la capacidad de ofrecer los recursos para la unidad de negocios que lo requiera, y de cerrar sin más trámite la que no encaja en el esquema. El aislamiento de las empresas autogestionadas hace casi imposible superar estas situaciones. 

Por último, y volviendo a lo afirmado anteriormente, el crecimiento de estas experiencias es fundamental para el desarrollo de alternativas para la economía popular que logren, por un lado, superar el recurso único de la disputa por recursos del Estado y, por otro, la hiperexplotación mediante su subordinación a las cadenas productivas del capital concentrado.

En síntesis, veinte años de autogestión proporcionan una buena base para superar algunas de las limitaciones apuntadas, si podemos debatirlas sin temor a debilitar el movimiento o a ofrecer flancos débiles al poderoso enemigo que es, sin lugar a dudas, el capital. Como conjunto, y a pesar de estas limitaciones, las empresas recuperadas no son otra cosa que la revitalización del proceso autogestionario como herramienta de construcción económica y social de la clase trabajadora, un instrumento abandonado en el proceso histórico por sindicatos y organizaciones políticas. Una idea olvidada en los rincones de la memoria histórica, pero que vive y resurge en cada experiencia de organización económica colectiva como son, sin duda, las empresas recuperadas por sus trabajadores. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 contribuyó decisivamente a que esto fuera posible.

*Coordinador de Consejo Consultivo de INAES - Asesor en Ministerio de Desarrollo Productivo