9 de febrero de 2024, Buenos Aires (Ansol).– La derogación de la resolución que obligaba a los colegios considerados privados de todo el país a informar regularmente a la Secretaría de Comercio Interior, permite la actualización de las cuotas mensuales según los ajustes que cada establecimiento considere necesarios. A esto se suma la postura del gobierno que tras la vuelta a foja cero de la denominada «Ley Ómnibus», que impulsa un fuerte recorte de fondos nacionales a las partidas que estaban destinadas a las provincias.

Las cooperativas dedicadas a la actividad educativa están mal encuadradas dentro de la educación privada, a pesar de reivindicarse como gestión social educativa. Por lo tanto, se ven afectadas de igual manera que cualquier otro tipo de establecimiento educativo aunque llevan adelante un enfoque diferente al privativo para con el servicio educativo.

En lo que refiere a la Provincia de Buenos Aires, donde se ubican la mayor parte de cooperativas de educación y entidades afines, el Director General de Cultura y Educación Alberto Sileoni anunció que en va a seguir funcionando la Comisión de Aranceles encargada de regular los valores máximos que se pueden cobrar en provincia de Buenos Aires.

Ignacio Bianchini, Secretario de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Buenos Aires (FECEABA) compartió con Ansol la mirada de la institución «Para nosotros la palabra cliente no aplica en ninguna de las escuelas de gestión social, sino que los estudiantes y sus familias son parte de nuestra comunidad. Tenemos una visión diferente que es inclusiva, no solamente con respecto a la discapacidad, también con respecto a las características económicas y financieras que tienen las familias. Nosotros no queremos aplicar un aumento que sea igual a la inflación, porque es el desmedro de la calidad de las familias en lo económico, y eso haría que traicionemos algunos de nuestros principios que tienen que ver con el ingreso irrestricto de las familias».

En lo que tiene que ver con el contexto inflacionario y la situación previa al cambio de gobierno, el secretario aclaró que «la Secretaría de Comercio era una aliada y llevaba adelante un papel que hace a la presencia del Estado, lo que para mi es irrenunciable. La situación económica general va a hacer que ningún valor de sueldo que se acuerde en las paritarias y ninguno de los aumentos que se puedan dar en los diferentes rubros en donde trabajan nuestros papás y nuestras mamás, vaya a poder equiparar el valor de la inflación.»

De esta manera, la planificación en la economía y administración de costos fijos por los usuarios se vuelve cada vez más difícil. Esta nueva desregulación se suma a las fuertes subas programadas para los meses venideros en lo que sugiere a los servicios públicos esenciales como son la electricidad, el agua y el gas, entre otros. Las entidades cooperativas tendrán que re organizarse frente a la escalada de ajuste que promueve el gobierno nacional.

Al respecto, el presidente de FECEABA Juan Giménez aportó a Ansol la mirada de la Federación «Esta situación hace más importante aun visibilizar la diferencia entre la educación de gestión social y educación privada, dado que nosotros siempre hemos buscado frente a las dificultades la manera de resolverlas desde la comunidad y sobrevivir una vez más a otra crisis. Lo privado busca la ganancia, mientras que nosotros queremos hacer realidad el derecho a la educación.» A lo que el secretario de FECEABA agregó que en situaciones críticas que atravesó el país siempre «se fueron generando situaciones donde hubo gestiones para que las familias no se cayeran del sistema educativo, cooperativo y de gestión social al cual nosotros adherimos, trabajamos y vamos a seguir trabajando porque es una forma de vida que la educación sea un derecho y que llegue a la mayor cantidad de familias posibles.»