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¿La educación nos hará libres?

Columna de opinión.

«La promoción del derecho fundamental a la libertad individual» es el principio rector del controvertido Proyecto de Ley «Ómnibus», que busca materializar el objetivo de máxima pretendido por la fuerza política que tiene a cargo las riendas del gobierno argentino en la actualidad.

Acerca de la noción de libertad, vale recordar que, según la Declaración Universal de DDHH, la realización del ser humano libre tiene como base el accionar progresivo del Estado Nacional para establecer condiciones hacia la efectiva garantía de los DDHH de todos/as/es ciudadanos/as/es, sin importar nacionalidad, origen social, etnia, religión; dando cuenta del carácter universal e inherente a la persona que éstos poseen. La educación (consagrada como derecho social por el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales) estando a la base del respeto, el reconocimiento y la aplicación de los DDHH, cobra relevancia para el desarrollo de sociedades más justas, igualitarias y libres.

Sin embargo, las profundas modificaciones que preveía el mencionado Proyecto en materia educativa parecen ser indicio de otros imaginarios.

Sobre la Ley de Educación Nacional N° 26.206, los cambios relacionados a la formación docente y al nivel secundario despiertan inquietantes interrogantes. Por un lado, se pretendía incorporar una evaluación de ingreso a la docencia, que por cuestiones burocráticas o de otra índole, bien podría obstaculizarlo, en un contexto de fuerte vacancia de docentes. Ese apartado además agregaba la realización de evaluaciones periódicas durante el curso de la profesión, las que, teniendo en cuenta el llamamiento explícito del Proyecto a la iniciativa privada, presagian la privatización de la formación continua, implicando entre varias cosas, el acceso diferencial y desigual a los recursos.

¿La educación nos hará libres?

Ambas cuestiones vulnerarían directamente derechos de las y los trabajadores de la educación, e indirectamente el propio derecho a la educación, siendo las y los docentes uno de los brazos nodales del Estado para garantizarlo.

Por otro lado, se propone incorporar un examen censal obligatorio de terminalidad del nivel secundario, cuyo sentido no es transparente ya que anualmente el Estado Nacional y las jurisdicciones aplican evaluaciones estandarizadas tanto en secundario como en primario, con objetivos similares.  

Sobre la Ley de Educación Superior N° 24.521, varias de las modificaciones pretendidas contradicen explícitamente el principio de universalidad e inherencia de los DDHH en general y de la educación en particular. Por un lado, se busca dejar por fuera de la gratuidad del nivel a extranjeros sin residencia permanente, y por el otro, se pretende omitir el apartado que habilita el ingreso a mayores de 25 años que no hayan finalizado el secundario.

Si bien el Proyecto de Ley muestra considerables dificultades de tratamiento en el Congreso de la Nación, hasta el momento, el gobierno no ha transferido a las provincias recursos clave para garantizar el comienzo del ciclo lectivo, según la ley N° 26.075 y la N° 25.053.

Ante este panorama, emerge la pregunta acerca del propósito de estas modificaciones. El carácter evaluativo o excluyente de las propuestas delinea una mirada de sospecha sobre el sistema. A partir de ello, vale profundizar desde una perspectiva de derechos, sobre cuál es el sentido de libertad y modelo de sociedad que pretende el gobierno actual y qué lugar se le da allí a la educación.