Por Alberto Bavestrello

VICEPRESIDENTE DE COOPERAR Y GERENTE DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE CONSUMO (FACC)

Las instituciones financieras y bancos consideran sujeto de crédito a aquellos que cumplan determinados paradigmas como el de tener solvencia, demostrar sus ingresos, tener historial crediticio o una calificación adecuada en el Buró de Crédito, por mencionar algunos de esos datos paradigmáticos que son fijados en las políticas de crédito más comunes utilizadas en general por esas instituciones.

Como podemos apreciar este dogma de definiciones de sujeto de crédito está de alguna forma instaurado en todos los otorgantes de crédito, limitando cada vez más la posibilidad de acceder a financiamiento sano para quienes quieren desarrollar una actividad productiva.

En este esquema tan restrictivo, que es impuesto por la gran concentración del capital y que solo enfoca a una parte de lo que debería ser un sistema económico (solo enfoque en el cuidado de los ahorros), deja fuera del sistema económico a un sinnúmero de “sujetos de crédito” que no califican, ni tienen acceso al mercado de crédito. Mercado que podríamos definir en nuestro país a un porcentaje del mismo, cercano al 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) y las micro/pequeñas empresas, así como también muchos productores artesanales o microemprendedores.

Este rol que no cubren las entidades bancarias y financieras, en gran medida son cubiertas por cooperativas de crédito y mutuales, que son las que trabajan con el asociado en las regiones y localidades, fomentando el desarrollo local y el conocimiento de la persona, que es la que se pondera con más fuerza en una relación cooperativa.

La concentración bancaria y financiera apunta a ponderar un sinnúmero de datos, pero sin contemplar el real conocimiento del sujeto y la cercanía entre el otorgante y el tomador. Esto sin duda produce la expulsión o la exclusión de gran parte de los potenciales tomadores de crédito sin que exista dentro de la política pública una visión de real integración de los mismos. Sólo se utilizan como herramienta inmediata el asistencialismo o los subsidios dirigidos.

Hay que destacar como bien sabemos que los recursos del sector son utilizados por la banca tradicional, sin una compensación o alguna forma de reconocimiento (volcar recursos al mismo sector) hacia el sector que los produce, ello producto que cada vez resulta más limitativo el acceso del sector a la banca tradicional y porque no al sistema nacional de pagos (manejados exclusivamente por el sistema financiero); aquí podemos ver como el movimiento integrado puede exigir a una parte de la banca pública o cooperativa la creación de una especie de “grupo de afinidad” en donde los recursos del sector deben ser volcados al sector, aprovechando para ampliar el acceso a una “mayor base de sujetos de crédito”, algún tipo de garantía o apoyo y aporte del Organismo Regulador.

El financiamiento debe ser dirigido a nuevos “sujetos de crédito”, pero con un grado de certeza sobre la posibilidad de cumplimiento de la devolución del crédito y esto se logra con actividades en donde el Sujeto de Crédito permita saber que las mismas son sostenibles en el tiempo.

La tasa o el costo del dinero que se otorga como un crédito termina siendo de una importancia significativa ya que de la misma dependerá la mayor o menor celeridad de repago, por el impacto en las cuotas del nivel de tasas y, si además está por debajo de los niveles de tasa real, sabemos que impactará positivamente en la sostenibilidad o sustentabilidad de cada uno de los proyectos en el tiempo.

La sostenibilidad o sustentabilidad de la actividad que cada sujeto desarrolla es primordial en todo desarrollo que pretendamos, en donde además debemos agregar un complemento importante que es el de monitoreo y acompañamiento de todos y cada una de las asistencias, dejando en claro que primero es la inclusión social y por propia decantación vendrá la financiera.

Debemos entonces poner en movimiento los principios del sector y aprovechar la integración y la solidaridad para que del mismo movimiento surjan los aliados estratégicos en todo este proceso de ampliación de la base crediticia, que debe tener como punto de partida la remoción de restricciones y la inclusión social.

Las políticas públicas deberán, por un lado, acompañar todo el proceso con regulaciones no restrictivas, a efectos de fijar nuevas normas prudenciales que tengan la flexibilidad necesaria y que vayan por encima del marco regulatorio vigente (un cambio de paradigma importante); por otro, la búsqueda de operadores idóneos para la administración y manejo más justo de los recursos que genera el sector.

Toda reflexión sobre la inclusión financiera no tiene aplicación sin la premisa que previamente debe ampliarse la base con mayor inclusión social llegando a un desarrollo importante del acceso al crédito de todos los que conforman el movimiento cooperativo y mutual.