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Ideas jurásicas sobre la empresa golpean a nuestras cooperativas

Columna de opinión.

César Basañes

Gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina

19 de mayo de 2023, CABA (Ansol) – En plena crisis económica, a poco de terminar la actual gestión y a 30 días del vencimiento de la mayoría de los certificados mipymes, la Subsecretaría de la PyME decidió que las cooperativas no son empresas. Y con ese argumento está impidiendo a muchas (y entorpeciendo a todas) la renovación del certificado que les permite acceder a los mismos beneficios a los que accede cualquier mipyme. 

Todo ello en contra la de ley de PyMEs, de la ley de contrato de trabajo, de la opinión de la Alianza Cooperativa Internacional, de la OIT, de la ONU e incluso de la propia ley de sociedades comerciales, como aclara el reciente comunicado de Cooperar

Lo que quisiera sumar en esta columna es un poco de historia en el debate sobre el tratamiento MiPyME de las empresas cooperativas. 

En 1995 se aprobó la ley 24.467, conocida como Ley PyME. Luego, a fines de la década de los 90, se debatió una reforma que finalmente fue aprobada en septiembre de 2000 (Ley 25.300). En el marco de dicho debate, el movimiento cooperativo opinó que resultaba discriminatorio no incluir en los beneficios de las PyMEs a las cooperativas grandes que estaban formadas por MiPyMEs. Si no se las incluía, se castigaba el asociativismo PyME. 

El planteo era que si los productores agropecuarios (o los dueños de farmacias, de almacenes o de carpinterías) constituían una cooperativa para mejorar su inserción en el mercado, y esta cooperativa resultaba tener un tamaño por sobre los parámetros de una MiPyME, debía tener, de todas maneras, el tratamiento de una PyME para así promover el asociativismo empresario, que es uno de los objetivos de las políticas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas

Ideas jurásicas sobre la empresa golpean a nuestras cooperativas

Fruto esa opinión, es que la redacción actual de la Ley PyME, dice, en su artículo 2º, que “los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas”.

Esto nunca tuvo aplicación práctica. Pese a los reiterados reclamos de Cooperar, y especialmente de Coninagro, ninguno gobierno, desde el gobierno de la Alianza hasta el actual, pasando por Kirchner y Macri, permitió la “extensión de los beneficios” a las grandes cooperativas en su condición de formas asociativas de pymes. 

Hubo alguna expectativa cuando la Resolución 220/19 de la SePyME estableció que las cooperativas de segundo grado serían consideradas formas asociativas en el marco de la Ley PyME. Por ejemplo, Fecovita intentó su inscripción, en su carácter de gran empresa integrada por cooperativas PyME de primer grado, pero nunca lo logró. El reclamo por la aplicación de esta “extensión de beneficios” nunca se abandonó. Incluso, a principio de este año, formó parte del temario en reuniones del cooperativismo con el actual Ministro de Economía.

Fue inútil. Lo de extensión de los beneficios a las formas asociativas nunca nos sirvió… hasta ahora que, insólitamente, lo usan en nuestra contra. 

Resulta que, como no somos empresas (¡desde hace 45 días!) el único camino que dicen tener para incorporar a las cooperativas es como “formas asociativas” de PyMEs.  Por eso están exigiendo a las cooperativas que todos sus asociados y asociadas estén registrados como MiPyMEs. Se lo exigen aún a las más pequeñas. 

El absurdo es tal que las cooperativas de usuarios, de consumidores y de trabajadores/as deben demostrar que todos sus asociados son microPyMEs… ¡hasta el jubilado asociado a una cooperativa de servicios públicos!

De esta manera, lo que en la ley es una “extensión de beneficios”, en la sorpresiva nueva interpretación de la Subsecretaría PyME es una “restricción de los beneficios” para todas aquellas cooperativas que no puedan registrar a todos sus asociados como MiPyMEs. 

Por supuesto, el problema de fondo no es una interpretación antojadiza del concepto de “formas asociativas” en la Ley Pyme. El problema de fondo es que se desconoce el carácter de empresa a las cooperativas. 

Las empresas cooperativas procuran el beneficio económico de sus asociados. Las de trabajo buscan maximizar el ingreso de sus asociados trabajadores/ras, las de consumo reducir los gastos de sus asociados consumidores, las agropecuarias buscan maximizar el ingreso de sus asociados productores. Para asociarse deben hacer un aporte de capital, y el acceso a los beneficios está sujeto al riesgo empresario. Hay beneficio económico, aporte de capital y riesgo empresario. Tenemos cola, patas y melena de león, pero parece que somos patos…

Por supuesto, se trata de ideología y de intereses económicos muy concretos. Molesta que las cooperativas demuestren que se puede ser eficiente y democrático, que se puede ser empresa y tener el centro puesto en las personas y no en el capital. 

Esta es una pelea larga, pero hemos avanzado mucho. Hoy nadie discute en el ámbito internacional que las cooperativas son empresas. El año 2012 fue declarado Año Internacional de las Cooperativas por la ONU, y su lema era “las empresas cooperativas construyen un mundo mejor”. 

Hace muy pocos días, el 18 de abril, la Asamblea de la ONU, aprobó la Resolución A/77/L.60 “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”. En esa resolución las naciones del mundo reconocen que “la economía social y solidaria contribuye a un crecimiento económico más inclusivo y sostenible al buscar un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia social y ambiental que fomenta el dinamismo económico y favorece una transición digital justa y sostenible, la protección social y ambiental y el empoderamiento sociopolítico de las personas en relación con los procesos de toma de decisiones y los recursos”, y por lo tanto alientan a los Estados Miembro a su promoción. 

La OIT, el único organismo del sistema de Naciones Unidas integrado por los Estados, las Cámaras Empresariales y los Sindicatos, reconoce desde el 2002 (Recomendación 193/2002) el carácter de empresas de las cooperativas, y el año pasado aprobó la “Resolución relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria”, donde invita a los gobiernos a “establecer un entorno propicio que sea compatible con la naturaleza y la diversidad de las entidades de la Economía Social y Solidaria para promover el trabajo decente y aprovechar plenamente la posibilidades que ofrecen estas entidades, con objeto de contribuir al desarrollo sostenible y a las empresas sostenibles, de conformidad con las normas internacionales del trabajo”. 

Incluso la propia OCDE, en su reciente “Recomendación sobre la economía social y solidaria y la innovación social” (2022), dice que “la economía social ha adquirido relevancia política y es cada vez más reconocida por desempeñar una función precursora en la formación de sociedades inclusivas y comunidades locales fuertes, por contribuir al crecimiento económico, por sentar las bases de una industria más sostenible y por facilitar una transición doble (verde y digital) equitativa y economías más circulares” y por ello invita a “reforzar el apoyo al desarrollo empresarial y de competencias en el ámbito de la economía social”. 

Todas estas manifestaciones, muy recientes, son un síntoma que de que gran parte de la humanidad quiere apostar a nuevos paradigmas de organización económica, fundados en la cooperación y en la democracia. Hay una creciente y generalizada convicción en el mundo sobre la necesidad de cambiar los modelos empresariales que elegimos para organizar la economía si queremos superar la grave crisis global, de carácter civilizatorio, que enfrentamos. 

Ideas jurásicas sobre la empresa golpean a nuestras cooperativas

Argentina está en óptimas condiciones para aprovechar este creciente consenso global. En la figura de Ariel Guarco, está ejerciendo la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional. Y lo está haciendo porque el mundo reconoce la fuerza, la experiencia y la diversidad de nuestras empresas cooperativas. 

Como dice el documento de Propuestas 2023 de Cooperar, “Argentina cuenta con un enorme capital social que no puede ser desaprovechado: el movimiento cooperativo más diversificado del mundo. Todo este capital social es economía en manos de las argentinas y los argentinos, construido desde las necesidades de cada familia, de cada localidad y de cada provincia. Es un capital social que organiza la economía desde la democracia y así fortalece la democracia política. Que construye economía desde la cooperación, y así contribuye a la paz. Que hace de la equidad y la solidaridad una práctica empresaria, y así garantiza inclusión social. Que responde a las necesidades del territorio y así hace posible el federalismo”.

Esto lo ha entendido el Gobierno, y por eso estamos trabajando codo a codo con Cancillería para construir nuevos vínculos comerciales y culturales con la economía social y solidaria del resto del mundo, estamos co-construyendo políticas públicas con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y con otras áreas de gobierno, hemos sido invitados a discutir, en pie de igualdad con el resto de las formas empresarias, las políticas de contratación de obra pública, en el marco del Observatorio del Ministerio de Obras Públicas. Por primera vez el Ministerio de Turismo y Deporte tiene una política específica para promover el turismo cooperativo, mutual y comunitario. La mayor parte de las provincias están adoptando en forma creciente políticas de promoción del cooperativismo y la economía social. 

Pese a este creciente consenso global, y en forma contradictoria con los importantes avances logrados en términos de política pública, muchas cooperativas están perdiendo en estos días derechos adquiridos como MiPyMEs, con perjuicios económicos inmediatos, fruto de una concepción jurásica de empresa, donde solo es empresa la que está al servicio del capital. 

Tengo plena confianza en que esto será revertido. Por imperio de la ley y por la legitimidad ganada por nuestro modelo empresarial. Y porque las políticas a favor de las PyMEs se empobrecen y se limitan si no incluyen a las empresas que ponen su centro en las personas, sus necesidades y sus territorios, y no la maximización de la renta del capital. 

Para contribuir a que ello sea así, en la certeza de que seguramente hay algún peronista en la Subsecretaría PyME, los invito a revisar las propuestas para el cooperativismo incluidas en el Capítulo XVI del Segundo Plan Quinquenal (1953), que se titula, precisamente, “Régimen de Empresas”.