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Hay 90 programas sociales vigentes en el país, un 25% más que en 2021

El dato surge de un relevamiento realizado por dos universidades públicas nacionales. ¿Por qué aumentaron? ¿Quiénes son los potenciales beneficiarios? Todo, en esta nota.

10 de marzo de 2023, CABA (Ansol). – El Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular, Social y Solidaria (OPPEPSS) acaba de actualizar su relevamiento sobre los programas sociales vigentes que tiene el Gobierno Nacional en todo el país. Según el documento, elaborado por investigadoras de universidades públicas, en Argentina hay 90 líneas de asistencia y 11 registros destinados a trabajadores populares, precarizados o desempleados.

El OPPEPSS (ver acá) fue creado en 2017 y hoy está coordinado por María Victoria Deux Marzi, magister en Economía Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); y por Susana Hintze, magíster en Sociología de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS). Ambas casas de estudios dieron origen a este observatorio para cominicar datos sobre políticas públicas para la economía popular, social y solidaria. 

Así, en su último relevamiento (diseñado por la politóloga Florencia Pisaroni) destacaron que de los 90 programas sociales que hoy tiene el gobierno de Alberto Fernández, 35 dependen del Ministerio de Desarrollo Social, 24 de Economía y 17 de la Jefatura de Gabinete. Luego, hay 9 políticas que son responsabilidad del Ministerio de Mujeres, 4 hay en Cultura; y en Trabajo, Empleo y Seguridad Social, otros 4.

El Ministerio de Medio Ambiente, el de Obras Públicas y el de Relaciones Exteriores (Cancillería) tienen 2 programas sociales cada uno, mientras que Ciencia y Educación están a cargo de un plan social cada uno. Consultada por ANSOL, la economista y coordinadora del OPPEPSS, Deux Marzi, explicó que los datos corresponden al año 2022, y que si se los compara con el año anterior, los programas sociales crecieron un 25%. «Encontramos que en el 2021 había 72 y ahora hay 90 para todos estos colectivos», precisó.

Del universo de todos las políticas de asistencia del Estado, el relevamiento del OPPEPSS destaca que hay 66 programas a los que pueden aplicar para organizaciones asociativas (como las cooperativas o empresas recuperadas), 33 para emprendimientos individuales o familiares rurales, 29 para idividuales o familiares urbanos, 20 para población vulnerada, 16 para distintas comunidades, 16 para entidades que brindan apoyo a la economía popular y 5 para colectivos de Géneros y Diversidad Sexual.

«Los programas que están destinados a comunidades crecieron significativamente, más que cuadruplicaron su número. Y esto se debe, creemos, porque crecieron las intervenciones vinculadas al desarrollo y urbanización de barrios populares, entonces hay mucha contratación de trabajadores de esos barrios para las obras de esos mismos barrios», explicó Deux Marzi.

Hay 90 programas sociales vigentes en el país, un 25% más que en 2021
María Victoria Deux Marzi

Y a su vez, la economista destacó que «también crecieron los programas destinados a la agricultura familiar, que no se dirigen solo al agricultor sino que se plantea en términos del desarrollo de un territorio y de un conjunto de trabajadores». La coordinadora del obsrvatorio fue precisa al indicar que «estos los programas destinados a estos dos sectores crecieron un 50 por ciento entre 2021 y el 2022». 

Consultada por los registros que elabora el Gobierno Nacional y sus ministerios para conocer la situación de los habitantes y su territorio, la coordinadora del OPPEPS explicó que «existen hoy 9 registros creados por la Administración Pública Nacional, como por ejemplo el RENATEP (Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), que si bien nació por una Ley del 2016, se implementó recién en el 2020. Entonces se puede decir que, como novedad de este Gobierno, que se crearon y se implementaron muchos de los registros que hoy conocemos y en el último año pasaron de 9 a 11«. Los últimos dos son el Registro Nacional de Organizaciones y Cooperativas para la Integración de Barrios Populares y el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica.

Programas de asistencia estatal: ¿por qué aumentaron?

La pregunta, que en algunos sectores de la oposición contestan con la liviana frase de «porque son vagos«, tiene otra respuesta: «Hay más programas, hay mayor cantidad de ministerios y la economía popular y solidaria está presente en una mayor cantidad que en 2019. Pero no podemos pasar por alto que en el medio estuvo la pandemia y se implementaron medidas de emergencia que tendieron a paliar la crisis. Hubo líneas de emergencía que luego se institucionalizaron como programas estables«, explicó Deux Marzi.

Desde el OPPEPS creen que el virus del COVID19 generó una diversificación de las intervenciones estatales para estos colectivos laborales, aunque aclaran: «tanto las medidas de emergencia como los programas actuales siguen colocando en un lugar inferior a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular respecto a lo que se conoce como los trabajadores asalariados». El caso más claro fue el ATP (destinado a subsidiar la mitad del salario de los trabajadores de empresas) y el IFE (que en sus cuatro ediciones repartió apenas $40.000 para cada desempleado en un período de ocho meses).

Deux Marzi en este punto cuestionó a la administración de los programas sociales por parte del Gobierno: «estas protecciones inferiorizadas se agravaron durante la pandemia y persisten aún hoy. Parece que se los considera trabajadores de segunda, ya que no acceden a todas las protecciones de la seguridad social que tienen los trabajadores de una empresa tradicional. Y al mismo tiempo se siguen invisibilizando todas esas tareas que gestionan y resulven los trabajadores de la economía popular, y que en cierta forma reemplaza o sustituye la acción del Estado en los terriotorios«. 

Por último, la investigadora remarcó que con la gestión de Alberto Fernández, «son las organizaciones sociales las que articulan e implementan los principales programas nacionales en los territorios. Todo este trabajo se lo considera de hecho, pero no es valorado o visibilizado en estos programas; se da por hecho que se ocupan las organizaciones pero no se las tiene en cuenta para pensar el diseño o la implementación de estas políticas».