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El gobierno mendocino busca retomar el proyecto minero San Jorge, que había sido rechazado en 2011

(Ansol).- La Secretaria de Energía, Minería e Hidrocarburos, junto al Gobierno de la provincia de Mendoza, estudian avanzar con el proyecto minero metalífero San Jorge, pero no solo con el proyecto biprovincial (comparte trabajo con San Juan), sino que además buscarán reflotar la opción que se rechazó en 2011 por pedido del entonces candidato Francisco Pérez.
Según aseguró el Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica (Ocmal), algunos intendentes y legisladores oficialistas no están de acuerdo con esta opción y comenzaron a estudiar las formas para trabar el avance del biprovincial, el cual pretende extraer material en Uspallata y llevarlo a San Juan para ser procesado.
El proyecto minero metalífero San Jorge pasó por tres etapas en busca de la explotación de un yacimiento cuprífero en Uspallata: en primera instancia quiso hacerlo mediante lixiviación para lograr cátodos de cobre, proceso que fue rechazado por el uso de ácido sulfúrico, el cual quedó prohibido después de la aprobación de la Ley 7.722.
Luego apuntó a la producción de concentrado de cobre mediante el proceso de flotación, que fue impugnado por unanimidad en la Legislatura mendocina en agosto de 2011 cuando se discutía el aval legislativo por pedido del entonces candidato a gobernador Francisco Pérez.
La tercera opción es la que se mantiene activa y que no tiene conflictos con las normas vigentes, ya que consiste en extraer material en Uspallata y trasladarlo 22 kilómetros hasta Calingasta, San Juan, para su procesamiento a través de lixiviación.
Bajo este contexto, el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, no descartó la posibilidad de avanzar con San Jorge II, que también había sido rechazado en 2011, y aseguró que «el avance dependerá de que tengan un impacto económico-social positivo, que sean ambientalmente sustentables y que no tengan conflicto con el marco legal».
Hoy, a un mes de que la Suprema Corte emitiera su fallo a favor de la Ley Antiminera, Guiñazú aseguró que si se hace lixiviación a 5 kilómetros del límite provincial los riesgos son los mismos que se hiciera en la provincia, por eso considera que tendría un menor impacto la opción de la flotación, tomando todas las medidas y siempre que tenga los avales que establece la norma y el Gobierno provincial.