Cómo se gestó la estrategia del cooperativismo para frenar un artículo clave de la Ley Hojarasca
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Cuando el 27 de marzo pasado el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso la llamada «Ley Hojarasca», el cooperativismo entró en una alerta silenciosa. Por lo bajo, en chats y reuniones de consejos, enpezaron a advertir que entre las más de 70 leyes consideradas «obsoletas» se encontraba la 11.380 (vigente desde 1926), que garantiza la exención impositiva de «toda contribución sobre el valor de los edificios y construcciones» del sector.
Al principio hubo que explicarlo internamente: las cooperativas agrícolas que cuentan con galpones o campos, pasarían a pagar. Lo mismo las industriales o de consumo, que tienen distintas sedes en el país. Ni hablar de las de servicios públicos, como las de energía, a las que le iban a empezar a tributar cada zona del tendido eléctrico o subestaciones. Caso similar las de Vivienda, que tendrían más impuesto por cada casa que construyan hasta que salga la escrituración. Ante ese escenario, el sector se movió rápido y empezó a articular internamente una defensa en unidad.
En la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) comenzaron a redactar un documento institucional, mientras definían otros temas, como el impacto de las modificaciones al trámites de MiPyMEs. Sin un escrito formal, pero sí con mucho debate, hicieron lo propio desde la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), que incrédulos sostenían que era imposible que no se trate de un error.
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) analizó el tema junto a sus cuadros técnicos, entre los que se destacaban el abogado Octavio Bermejo y el contador Rubén Villalba. Sabían que la pata política la tenían armada, pero faltaban los fundamentos legales, esos que pueden torcer el rumbo de las cosas.
El trabajo mancomunado logró activar una sesión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados de la Nación en la antesala del tratamiento en dictamen de la Ley. La semana pasada, entre jueves y viernes, les llegó a las principales confederaciones, federaciones e institutos la citación para que se hagan presentes en el Congreso este martes para exponer «respecto de la situación actual y régimen impositivo de las asociaciones».
Esas palabras genéricas significaban para el sector la posibilidad concreta de voltear la parte de la Ley Hojarasca que empujaba al cooperativismo al territorio de lo inviable. Para ese entonces, por citar algunos casos, COOPERAR ya había publicado su documento institucional en contra del proyecto. FACE puso en alerta a todo su entramado cooperativo del país. Así fue como el martes pasado llegaron a la Comisión una veintena de dirigentes de las pincipales organizaciones de cooperativas.
El cooperativismo no tiene «nada que ver con ninguna hojarasca»
Hubo argumentos de todo tipo. Desde los significados, como el que utilizó Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC): «Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna hojarasca, que en el diccionario significa palabrería, relleno, exceso de forraje, todo lo inútil sin sustancia. No tenemos nada que ver con eso, nosotros reivindicamos dos cuestiones, que son nuestra raíz y tradiciones históricas».
Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperación de Trabajo de la Argentina (FECOOTRA), fue al hueso con la realidad: «en un contexto de recesión, aumentar la base impositiva atenta contra la existencia de las unidades productivas, que en este momento hacemos un trabajo casi de ambulancias, casi de hospitales, casi de bomberos, y por eso adherimos a todo lo que se dijo en esta reunión».
En nombre de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Sebastían Ramos le imprimió al debate el foco político: «esta ley viene a destruir el trabajo solidario, no vienen por las cooperativas sino por el desarrollo económico que hacemos en el territorio, vienen por lo que nosotros planteamos cuando el Estado se corre. No nacimos de un repollo, nacimos de un modelo político y económico que nos llevó a ser autogestivos».
Serena Colombo, la única mujer representante del sector que estuvo en nombre de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Buenos Aires (FECEABA), fue más allá del asunto y redobló la apuesta: «hay algo de la lógica del movimiento cooperativo que no está comprendida nunca en los trámites que tenemos que hacer, no ha habido hasta ahora ni imaginación ni voluntad política, y esto nos sigue dañando, porque entender que las propiedades de las cooperativas no son de ninguna persona ni de ninguna empresa es muy importante».
Ante estos argumentos y planteos, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que el oficialismo excluiría esta ley del dictamen. Sin embargo, lanzó una preocupación para el futuro: «la discusión quedará para más adelante”. Al finalizar el martes, ya con el dictamen de mayoría de la Ley Hojarasca hecho realidad, se pudo probar que el cooperativismo había logrado una victoria. Que como se sabe en el parlamento, no es definitiva hasta que no se sancione por completo la ley y los diputados de la Libertad Avanza cuampan con su palabra.
