*Por Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social

Junto a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social que gestiona FM En Tránsito, decidió ir hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el Estado argentino por el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia que modificaron aspectos esenciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

La presentación fue hecha por Patricio Enciso Riveros presidente de la Cooperativa, con el patrocinio legal del Dr. Damián Loreti, abogado especializado en derechos a la comunicación, coredactor de la LSCA y el Board Internacional de Amarc Alc. Además, contó con el aval de Emanuel Bouterín (Amarc Int), Mónica Valdez (Amarc Alc) y Sabina Mina (Amarc Arg).

En diciembre de 2015, FM En Tránsito, que desde hace 31 años transmite desde Castelar, presentó un amparo pidiendo la nulidad del decreto 13 que crea el Ministerio de Comunicaciones, el decreto 236 que intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el decreto 267 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones. Con el asesoramiento legal Loreti, la Cooperativa amplió la denuncia contra la Ley 26.122 que regula los DNU. “Entre diciembre de 2015 y enero de 2016 hubo más de 20 presentaciones como la nuestra. Fueron medidas urgentes con los mecanismos que había a la mano. La única presentación que hizo todo el camino judicial hasta llegar a la Corte fue la nuestra. Como la Corte Suprema resolvió dar por tierra por esto, debemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este paso que estamos dando es ser consecuentes con más de 30 años de pelea por una ley de la democracia que conciba a la comunicación como un derecho, junto a carreras de comunicación, docentes, medios comunitarios, el sector de la economía social, pueblos originarios, organizaciones feministas, músicos independientes, universidades públicas”.

Damian Loreti, patrocinante de la Cooperativa, explicó que “el objeto del juicio que la organización inició en el 2015 estaba relacionado con el decreto de necesidad y urgencia 267 que le introdujo una serie de tajadas punzantes a la Ley de Medios algunas vinculadas con el control de la concentración, otras vinculadas con sacar al cable de los servicios audiovisuales a contramano de lo que están haciendo los europeos. Controles de concentración que la Corte había dicho que era constitucional. De la mano de esto, se borra de un plumazo mecanismos institucionales que había sido saludado por el sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Además, indicó que “las leyes no pueden ser regresivas, mucho menos un Decreto” y cuestionó la disolución del Consejo Federal de Comunicación, cuya representación estaba conformada, entre otros, por el sector de la comunicación comunitaria. “Había una compañera de esta cooperativa formando parte de ese espacio”. Entonces, “cuarenta y cuatro personas son reemplazadas por una sola persona que depende del presidente de la Nación”.

“Vamos a la Comisión porque el decreto no cumple con los estándares internacionales respecto a cómo fue dictado. Vamos porque la Autoridad de aplicación dejó de ser como marcan los estándares. Vamos porque la Ley de DNU no cumple los estándares regulatorios de cómo deben ser las leyes que regulan los temas de Derechos Humanos y, además, el tema más finito es que en el 2016 los que formábamos parte de la Coalición conseguimos una audiencia a los poquitos días de iniciado el gobierno de Macri, para plantear la regresión del 267 y el resto de los incumplimientos”, señaló Loreti y agregó que “tenemos bastante ilusión de que la Comisión considere la admisibilidad del caso porque se funda en casos que la Corte y la Comisión ya han dicho”.

El escrito, que también lleva la firma de los abogados Elizabeth Gómez Alcorta, Marcos Aldazabal y Juan Martín Mena, indica que el gobierno de Mauricio Macri, mediante los decretos, viola diversos derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos el de la libertad de expresión. Además, acusa al estado nacional de “abuso de poder” al disolver mediante el DNU 267 el COFECA. “El reemplazo de una norma legítima y su modificación por Decreto de Necesidad y Urgencia, mediante la intervención violenta sobre la Autoridad de Aplicación, autárquica y descentralizada, encargada de hacerla cumplir, echa por la borda 30 años de discusión democrática de la LSCA y casi 20 de estándares del SIDH”, consigna la presentación. A su vez, cuestiona la constitucionalidad de la Ley de los DNU. “No entendemos cuál era la necesidad y la urgencia si a casi tres años de esos decretos el gobierno de Mauricio Macri no presentó ningún proyecto de Ley que regule la comunicación en el país”, advirtió Enciso Riveros.

A la vez, alertó la grave situación que enfrenta el campo comunicacional. “Desde que asumió Macri la estructura de medios en Argentina entró en una crisis que tiene un montón de explicaciones, entre ellas la forma salvaje en que este gobierno favoreció a los medios hegemónicos  funcionales a su proyecto de país y su modelo de gestión”, afirmó el titular de la Cooperativa y advirtió que los medios comunitarios, a través de AMARC, FARCO, la RNMA, Contá, redes nucleadas en Interredes; sostienen la pelea por el cumplimiento de lo que queda en pie de la LSCA.

En este sentido, Belén Tenaglia, directora de FM En Tránsito, explicó que “decidimos ir ante la CIDH porque estamos ante un avasallamiento de la democracia. Asistimos a un contexto de cierre sistemático de medios, con más de 3 mil trabajadores de prensa en la calle, con una concentración mediática como pocas veces visto y con una decisión explícita del gobierno nacional de desoír el reclamo de los medios comunitarios, alternativos y populares. En un escenario de ajuste y persecución social, las voces de las organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos, los pueblos originarios, los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, los vecinos y vecinas se quedan sin canales de expresión. En definitiva, se ve afectado el  derecho a la comunicación y cuando esto sucede se afecta la vida democrática”.