*Daniela Ramos

La economía social, solidaria y popular (ESSyP) experimentó un crecimiento importante en los últimos veinte años. De acuerdo al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) las cooperativas de trabajo incluyen hoy a más de 170.000 trabajadores y trabajadoras, un número que puede ser mayor considerando que hay experiencias asociativas no registradas.

Este sector reúne experiencias de origen muy diverso, que se diferencian de las prácticas económicas tradicionales y ponen el acento en la valorización del trabajo. Las empresas recuperadas son un ejemplo emblemático: proyectos que surgieron en respuesta a la crisis económica o frente a situaciones de quiebra y abandono de los dueños de esas mismas empresas. El Programa Facultad Abierta realiza desde 2002 una serie de relevamientos de estos casos que sirven para construir un panorama general.

La ESSyP incluye también unidades productivas de diferente escala, que van desde cooperativas de sectores vulnerados, emprendimientos familiares hasta grupos asociativos que hacen de la autogestión una apuesta por formas de producción y consumo más justas. Esta aspiración se refleja por ejemplo en la respuesta de la economía social a la pandemia: muchas cooperativas trabajaron desde un comienzo en la distribución de bienes de primera necesidad (comercializadoras y cooperativas de consumo) y otras realizaron una rápida reconversión productiva para abastecer con insumos sanitarios (gráficas y textiles).

Un factor común a este espacio es la exclusión sistemática del sistema financiero. Mientras en Argentina toma cada vez más fuerza el concepto de inclusión financiera  (un planteo muy vinculado a la “bancarización” que no deja de ser una adecuación parcial de productos y servicios financieros estructurados), la oferta de crédito sigue siendo restringida y usuraria para buena parte de los trabajadores, trabajadoras y sectores productivos del país, entre ellos cooperativas y empresas recuperadas.

En este contexto surgen y se desarrollan las Finanzas Solidarias: instrumentos que intentan democratizar el sistema financiero y se basan en las necesidades de la población y la puesta en valor del trabajo. Se trata de un concepto en construcción y con muchos matices; quizás la categoría más extendida es la de microcrédito. Pero la herramienta del microcrédito -muy desarrollada en nuestro país- no logra brindar soluciones a los espacios cooperativos, por eso otro enfoque posible es el de finanzas para la autogestión. La Base es una de las organizaciones que promueve este abordaje. 

Desarrollar finanzas para grupos autogestionados implica, entre otras cosas, construir estrategias lo suficientemente flexibles para atender a la diversidad del sector. En un informe publicado por La Base en mayo se releva el acompañamiento realizado durante los primeros 50 días de cuarentena. En ese periodo se financiaron unos 4 millones de pesos que sirvieron para atender las necesidades de liquidez e inversión de al menos 20 cooperativas.

Hoy la autogestión sigue siendo una alternativa para trabajadores y trabajadoras que sufren la crisis económica y sanitaria. Los desafíos que enfrentan exigirán respuestas que, como la experiencia indica, no vendrán del mercado. Será central el rol de la política pública y construir herramientas financieras que reconozcan la realidad compleja del sector cooperativo. De lo que se trata es de poner las finanzas al servicio de la producción.

*Integrante de Fundación La Base