10 de agosto de 2023, CABA (Ansol) – La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) se reunieron con decenas de entidades del sector para brindar información y debatir en torno a la nueva norma regulatoria para la prevención de lavado que dictó la Unidad de Información Financiera (UIF) en julio pasado.

Es que después de 11 años, la UIF actualizó a través de la Resolución 99/2023, la normativa que fija los deberes que los Sujetos Obligados (SO) de Cooperativas y Mutuales deberán cumplir para prevenir los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A raíz de esto, se incorporan una serie de definiciones importantes relacionadas con prevención como autoevaluación de riesgos, efectividad del sistema preventivo, políticas, procedimientos y controles, alertas orientativas que sirven de guía para los SO, así como también el establecimiento de reportes sistemáticos de cumplimiento mensual y anual, entre otras.

Consultado por ANSOL, Alberto Bavestrello, gerente de la FACC, dijo que en la reunión y seminario «hubo una presencia importante de todos los asociados a la Federación y distintas empresas, se trató el tema específico de la resolución 99 de este año que tiene que ver con una dinámica distinta para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo«.

Sobre ese punto, el gerente de FACC explicó que se trata de «nuevas exigéncias y cánones a evaluar, como así también información que vamos a generar para hacer una buena evaluación de riesgos, que consiste en autoevaluarnos para luego constuir una evaluación nacional del sector«.

El evento contó con la presencia del presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y los representantes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES, que pusieron a disposición su auditorio) y del Ministerio de Justicia. «Fue muy importante, y demostró la importancia que le da el sector a prevenir el lavado de activos», resaltó Bavestrello.

Vale recordar que la normativa establece para los SO que realizan únicamente el servicio de gestión de préstamos o que otorgan préstamos personales mediante fondos provenientes de recursos propios y de cobro por deducción o recibo de haberes, la posibilidad de confeccionar cada dos años el informe técnico de autoevaluación y su metodología, presentar la declaración de tolerancia al riesgo, el informe del revisor externo independiente y el reporte sistemático anual.

PH: Pablo Fornara