Las propuestas educativas de las organizaciones sociales conforman un movimiento para exigir ser reconocidas como tercera modalidad de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3 de junio de 2021, CABA (Ansol).- Distintas experiencias de educación de gestión social y cooperativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esperan ser reconocidas por el Ministerio de Educación en la modalidad correspondiente, y exigir, entre otros reclamos, financiamiento integral para bachilleratos populares, universidades, profesorados, espacios recreativos, organizaciones alfabetizadoras, centros de primera infancia y grupos de apoyo escolar.

Desde la llegada de la pandemia a la capital, el rol de estas experiencias fue clave para sostener el derecho a la educación aun frente a problemas de conectividad en medio del aislamiento.

La Organización Germán Abdala (CTA-A), el Movimiento Evita, ENDYEP, Barrios de Pie, la corriente CCC, la CEIP Histórica, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Nuestra América, el MTE, Barrios Peronistas, Decir es Poder, 20 Flores y Proyecto C, entre otras organizaciones forman parte de este flamante grupo.

La legisladora mandato cumplido Laura García Tuñón contó a ANSOL  algo de la trayectoria de estas experiencias y su marco legal: “Cuando salió la ley de Educación Nacional reconoció a la gestión social, pero dejó librado a que cada provincia la pusiera en su sistema educativo como le pareciera. Eso hizo que muchos la reconocieran como parte de la educación privada. Entonces, algunas organizaciones sociales que toman la educación en sus manos empezamos a visibilizar nuestras experiencias y a tratar de organizar al colectivo de organizaciones para que seamos reconocidas como una tercera modalidad de la educación, la modalidad de Educación de Gestión Social y Cooperativa”.

Aunque al principio eran pocas organizaciones, mayormente de bachilleratos populares porteños, su potencialidad creció enormemente. “Se incorporaron muchos movimientos sociales que tienen experiecias educativas o que promueven a la educación de gestión social y particularmente a la educación popular de gestión social, aunque no esté reconocida así en la ley”, añadió.

«La ley de Educación Nacional nos reconoció pero cada distrito tuvo que reconocernos como pudo. Muchos nos reconocen como privados, pero nos organizamos para que nos habiliten como Gestión social y cooperativa»

Laura García Tuñón, legisladora MC

El origen de los reclamos y las experiencias

Fernando Santana, de la Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares (CEIP Histórica), que fundó el primer bachillerato popular, en la fábrica recuperada IMPA, en 2014, contó a ANSOL: “En la relación con el Estado, estamos bastante estancados. Pocos bachilleratos cuentan con salarios para los docentes, y no contempla a toda la planta de trabajadores. No está habiendo canales de diálogo para nuevos nombramientos. En CABA; hay bachilleratos populares con seis años de existencia, aún no fueron reconocidos y no hay perspectiva de alcanzarlo”.

La CEIP H también creó una universidad que cuenta con las carreras de Historia, Matemática y Lengua y Literatura, además de otros bachilleratos e investigaciones.

Han surgido nuevas experiencias amoldadas al calor político de los tiempos, como el Bachillerato Popular Marielle Franco en el barrio de Lugano, que aguarda su reconocimiento institucional por la CABA.

Julia Parody, del Movimiento Evita, que cuenta con juegotecas, bachilleratos populares y espacios de apoyo escolar, resaltó una iniciativa surgida en medio de la pandemia: “A mediados de año, a partir de ver lo que pasaba con los pibes y las pibas de los bachis y los espacios de apoyo, pensamos Redes Reales, una propuesta federal del Evita para juntar diferentes experiencias de educación popular y brindar herramientas para continuar las propuestas educativas y armar vínculos entre las familias y las escuelas, con las organizaciones de los barrios”.

El Movimiento Nuestramérica tiene bachilleratos populares, una campaña de alfabetización, y escuelas y asambleas de niñeces. Agostina Betes, contó: “Nuestra política educativa es parte integral de lo que construimos estratégicamente como organización para crear espacios de poder popular y transformación social, espacios que no sólo cuestionen las lógicas del sistema capitalista y construyan nuevas formas de organizarnos y vincularnos; sino también visibilicen la realidad social que vivimos les excluides y las respuestas que las organizaciones sociales construimos para garantizar esos derechos que no son garantizados”.

El profesorado Pueblos de América, ubicado en la villa 21 con el objetivo de formar educadores en una zona de la ciudad más ricas del país donde aún se encuentran con gran porcentaje de analfabetismo, apuesta a generar maestros y maestras con una mirada que refleje la tradición cultural de los barrios y tenga una formación académica de calidad para garantizar el derecho social a la educación. «En el 2021, tenemos ya tres años en cada turno y aproximadamente 250 estudiantes y una cursada virtual, presencial y semipresencial. De esa manera, podemos desdoblar los cursos numerosos y garantizar los cuidados que requiere este momento. El año que viene vamos a tener la primera promoción de egresados. El crecimiento es exponencial. Tenemos alrededor de 50 educadores ad honorem de primer nivel, de universidades prestigiosas y docentes reconocidos con mucha experiencia en el aula», relató a ANSOL Maximiliano Malfatti,  coordinador del profesorado.

La Universidad Popular de Barrios de Pie, surgida en el marco de la coordinación de la universidad de los movimientos sociales que coordina Boaventura de Sousa Santos, busca generar una institucionalidad popular que reconozca los saberes ya existentes, mientras los amplifica, potencia y aumenta su capacidad organizativa y transformadora.

“Eso se ve muy claro en nuestra línea de investigación, en la producción de indicadores sociales. Desde la metodología y la perspectiva de la acción participativa, son las propias compañeras, es el propio barrio con las profesionales de la investigación que construyen ecología de investigación: datos estadísticos, confiables, válidos y situados en la problemática del barrio, con el objetivo de transformar la sociedad”, contaron Lucía Bianchi y Joaquín Ferreyra Monge, coordinadores nacionales de la Universidad Popular.

Inés, del Centro de Primera Infancia Semillitas, en Balvanera, explicó que estas experiencias dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, pese a que fueron creadas para los miles de niños y niñas que año a año se quedan sin vacante en el nivel inicial.

Además, resaltó que los niveles de precarización se dan no solamente en el salario y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino también en las condiciones materiales de aprendizaje. “En Semillitas, gestionan el subsidio que se les da, pero no les alcanza para pagarle a las docentes con el título que tienen. Les pagamos la mitad de lo que ganarían en un jardín que depende del Ministerio de Educación. Eso es un problema tremendo. Después, todos los derechos: el reconocimiento, la antigüedad, la posibilidad de aprender. Estamos por fuera del sistema. Se genera un circuito en paralelo”, explicó.

Proyecto C es una iniciativa de una asociación civil sin fines de lucro que conforma un espacio cultural y educativo en Chacarita que ofrece programas educativos no formales que complementan a la educación formal. “Lo hacemos durante la tarde. Niños y niñas pueden acercarse a procesos de aprendizaje por medio de juegos, talleres, arte, ciencia, exploración, literatura y otras formas expresivas. Lo sostenemos en el tiempo para que sea una propuesta unificada que funciona entre tres y cuatro veces por semana, dependiendo del grupo y la edad”, explicó Germán Doin, impulsor de la propuesta.

Doin resumió por qué se juntaron las experiencias: “El Estado solo garantizará el derecho a la educación de gestión social cuando vea que es un movimiento más allá de pequeñas experiencias aisladas. Esa es la apuesta política del espacio: entender que tanto las experiencias educativas como bachilleratos populares, jardines comunitarios, CPIs o experiencias no formales como las nuestras tienen que ser reconocidas y acompañadas por el Estado tanto en su gestión como en el financiamiento”.

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