28 de Octubre de 2022, CABA (Ansol). – El Senado de la Nación sancionó ayer la prórroga y reforma de la ley de barrios populares, una iniciativa que apunta a garantizar la urbanización de los más de 5 mil barrios populares del país y que, además, prohíbe los desalojos judiciales por 10 años en estos asentamientos.
La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018, por lo que ahora se suman 1.176 nuevos barrios bajo el paraguas de «utilidad pública».
Además, se incorpora la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano al conjunto de acciones comprendidas dentro de la “integración socio urbana”, definida en el artículo 1 de la ley 27.453. Asimismo, se establece que los habitantes de los barrios populares que integran el Renabap tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación.
«Esta iniciativa garantiza un freno a los desalojos por 10 años a los barrios relevados y la continuidad de la política de reconocimiento y obras. Viene a decir nuevamente que la integración urbana es ya una política de Estado que dignifica la vida de miles de familias. Esta ley la parimos con la unidad de decenas de organizaciones sociales, en nuestras asambleas, en nuestros pañoles y en la calle«, comunicaron desde la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Y advirtieron: «ahora vamos por la garantía de su implementación, vamos por más organización barrial para que nunca más normalicemos que millones de compatriotas no tengan acceso a la tierra y a la vivienda digna».
Foto: Alfredo Luna – Telam
La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, ante la mirada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas del hemiciclo de la Cámara alta. El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.