por Fernando Gómez *

Ningún monopolio nace de gajo, menos aún se consolida por el simple éxito empresario. Apenas una  fotografía Argentina, aquella que inmortaliza el brindis entre los propietarios del Grupo Clarín, La Nación y el genocida Jorge Rafael Videla, celebrando la apropiación ilegal bajo tortura de la firma Papel Prensa S.A., opera como testimonio doloroso de ello.

En cada ciclo económico que irrumpió en nuestra historia para ofrecerle a nuestro pueblo un destino de miseria planificada, implementando ajustes brutales para transferir recursos sobre el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores hacia el balance de un puñado de grandes corporaciones, precisó de la construcción de un pensamiento único que legitimara socialmente las condiciones del saqueo de nuestra economía.

Durante décadas, el Grupo Clarín ha ofrecido sus servicios en ese sentido, expandiendo su posición monopólica en el mapa de la comunicación nacional y agrediendo el sentido común con su derrotero de mentiras, cinismo e hipocresía, al que aún pretenden seguir llamando periodismo.

Mas allá de lo intempestivo, en nada nos sorprende a aquellos que hemos decidido abrazar la comunicación cooperativa como experiencia colectiva de reivindicar la democratización de la palabra, el intento de derogar artículos claves de la ley 26.736 para asegurarle a la empresa Papel Prensa S.A la absoluta desregulación en la fijación del precio del papel para los diarios y la eliminación de los resortes de auditoría  por parte del Estado en la planificación productiva de la planta.

Con la firma de Diego Bossio (quien llegara a esa banca con los votos de la fuerza política que impulsara y transformara en ley aquellas normas que hoy pretende derogar) y distintos aliados del oficialismo, se está apurando un proyecto que constituye una nueva ofensiva económica contra el sector cooperativo de los medios de comunicación, y en definitiva, contra todos  aquellos medios que no integren el selecto Directorio de ADEPA.

Los Diarios Cooperativos, aquellos que garantizamos con enorme sacrificio colectivo una comunicación federal y popular, venimos sufriendo un asedio económico que pone en peligro nuestra existencia, nuestras fuentes de trabajo y fundamentalmente la matriz democrática de la comunicación en la Argentina.

Sufrimos la discriminación por parte del Gobierno de Mauricio Macri en la asignación de pauta publicitaria oficial, absorvimos los mayores costos derivados del brutal tarifazo en los servicios públicos y de la megadevaluación que destrozara nuestros ingresos y elevara los precios de los insumos a límites insospechados.

Hemos sufrido un aumento del 120% en el año 2018 en el precio de la tonelada de papel de diario puesto en San Pedro, hemos pasado de pagar entre 17.000  y 18.000 pesos la tonelada de papel en Enero de 2018 a pagar entre 37.500 y 39.000 pesos en el mes de Octubre, absorvimos los mayores costos de flete derivados de la escalada descontrolada del precio del combustible.

Hemos sufrido la persecusión que implica amenazar la matrícula cooperativa que garantiza nuestro funcionamiento legal, hemos sufrido el cierre de nuestras cuentas corrientes, hemos sufrido la derogación de las normas antimonopólicas de la ley de servicios de comunicación audiovisual por la que tanto hemos luchado, sufrimos la censura indirecta derviada de la asfixia económica a la que nos someten las actuales políticas de gobierno.

Y aún así nos seguimos transformando en esperanza para trabajadoras y trabajadores de prensa que han sufrido el cierre de los medios en los que trabajaban cuando el patrón decidía que la empresa periodística dejaba de ser un negocio y han asumido el desafío de recuperar sus puestos de trabajo como empresas cooperativas.

Resulta de una canallada absoluta citar como fundamento de éste proyecto derogatorio de la ley 26.736 el argumento de estar defendiendo los puestos de trabajo de la firma Papel Prensa, cuando en la Argentina se han destruído miles de puestos de trabajo en el sector gráfico y periodístico. Resulta de un cinismo brutal mencionar la existencia de leyes que aseguran evitar las prácticas abusivas de la posición dominante que el Grupo Clarín ejerce en el sector, cuando durante décadas han beneficiado a las grandes empresas periodísticas con el costo del papel de diario y castigado a los diarios cooperativos en la asignación de cupos y fijación de precios.

El proyecto derogatorio pretende ser tratado el próximo 21 de Noviembre en el Congreso de la Nación. Fue redactado en las oficinas del Grupo Clarín, fue firmado por aquellos que pretenden tener el beneplácito del monopolio de la comunicación Argentina, fue negado su giro a la comisión de libertad de expresión porque, para el Gobierno y sus aliados, la comunicación a vuelto a ser un negocio.

Este proyecto vuelve a reflejar nítidamente que el Grupo Clarín es una soga en el cuello de la democracia Argentina. Le exigimos a nuestros legisladores que no sigan apretando el nudo, porque por mucho que aprieten, jamás podrán silenciar nuestra voz.

* VicePresidente de FADICCRA (Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina)