21 de febrero de 2023, CABA (Ansol). – El Gobierno Nacional hizo oficial la creación de la unidad que controlará y ejecutará el programa que asigna el 30 por ciento de la obra pública nacional a las cooperativas de trabajo de la economía popular. De esta forma, el sector asociativo quedó a un paso de poder presentarse a licitaciones estatales para la construcciones.

A través de la Resolución 40/2023 publicada el viernes pasado, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación lanzó la Unidad de Implementación de la Obra Pública ejecutada por Cooperativas de trabajo de la economía popular, que tendrá a su cargo la implementación, seguimiento y control de las constrataciones que queden en manos de las asociaciones.

Esta unidad se justifica en que el Gobierno Nacional ya había oficializado en noviembre pasado que el 30 por ciento de toda la obra pública nacional sería para las cooperativas que reunan los requisitos correspondientes y que así se generaría «empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral». En esa resolución, el Ejecutivo adelantaba que el sector podía presentarse a licitaciones de obras de hasta $300 millones.

Ahora, con la resolución firmada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Gobierno establece que el profesor Matías Coco será el encargado de coordinar la unidad y que la misma funcionará hasta el 14 de febrero del 2025. Además, se definieron cuáles serán los objetivos de la Unidad de Implementación de la obra pública por parte de las cooperativas.

Por una parte, deberá implementar acciones para que las cooperativas puedan participar de las licitaciones, pero también requerir información a las distintas jurisdicciones del sector público nacional que estén desarrollando obra pública sobre el 30 por ciento que se les asignó a las asociaciones de trabajadores.

También la Unidad tendrá como objetivo la creación de informes sobre si se cumple o no con el objetivo del programa de obra pública para cooperativas, y diseñar y desarrollar un tablero de seguimiento de los proyectos realizados por las jurisdicciones y entidades del sector público nacional.

Cuando se conoció la noticia de que el Gobierno había definido que el 30 por ciento de la obra pública pueda quedar en manos de cooperativas, Ansol consultó a diferentes referentes de la economía popular. Una de ellas fue Patricia «Colo» Cubría, diputada de la provincia de Buenos Aires y referente del Movimiento Evita, que celebró la iniciativa: «Es una institucionalización que veníamos planteando e implica el desafío de apostar por el trabajo y no en la teoría del derrame o el subsidio«.

Para Cubría, «esto acompaña a que haya un proceso de consolidación y desarrollo a la economía popular a través del trabajo, sobre todo con el 30 por ciento de la incorporación de la obra pública para cooperativas». Y concluyó sobre la postura del Movimiento Evita: «nos parece histórico, muy positivo y fuimos parte del acuerdo«.

Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), también se mostró esperanzado ante la consulta de este medio: «La incorporación del 30 por ciento de la obra pública para las cooperativas es una gran noticia, era un reclamo histórico. Nuestro sector está en condiciones de construir y revestir la obra pública«.

Por último, el economista y gerente de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar), César Basañes, opinó que «el decreto promueve una contratación con un cupo para las cooperativas, entonces está reconociendo que es trabajo registrado. Lo que hay que ver es quiénes se sientan en la mesa del Consejo y cómo se dirimen las disputas».