20 de Julio de 2022, CABA (Ansol). -La comunidad educativa y organizaciones sociales realizaron este miércoles una concentración en la explanada de Casa de Gobierno con el fin de denunciar el avance del Gobierno de Mendoza sobre las experiencias educativas de gestión social y exigir la inmediata restitución de los subsidios recortados.

En la concentración, además de visibilizar y compartir con la comunidad en general las acciones y vínculos que estas experiencias tienen en los territorios donde desarrollan sus tareas, hubo intervenciones artísticas y música en vivo.

Rocío Vergara, integrante de la organización Violeta Parra y acompañante pedagógica del Bachillerato Popular Violeta Parra, explicó en diálogo con ANSOL: «Beatriz Della Savia, directora de Gestión Social en Mendoza, recibió a las representantes del bachillerato y dijo que tenemos que ceder al cambio del cargo directivo de jornada completa a jornada simple, para que la compañera que es directora pueda mantener el trabajo que ya tiene en otra escuela y no tenga que renunciar; esto implica menos sueldo al cargo directivo».

«Hasta que no nos aprueben la presentación de la nueva documentación no se nos restituye el subsidio que se nos quitó del cargo directivo. Gestión Social tiene muchas cosas mal planteadas y de eso se agarran para tratarnos a nivel estructural (normativo, legal) como si fuésemos un privado. Siguen desconociendo la experiencia y el trabajo colectivo que realizamos basándose solo en lo administrativo y tratándonos como si fuésemos una empresa con empleados a cargo«, se quejó la vocera.

Finalmente, apuntó: «Al no tener un marco legal claro, todo lo que venimos haciendo no tiene para ellos validez y nos tratan como un error«.

Concretamente, la denuncia de las organizaciones está dirigida a la Dirección de Gestión Privada –de quien depende la Dirección de Gestión Social y Cooperativa-; a la persona a su cargo, Beatriz Della Savia, y al Gobierno de Mendoza, que «no solo desconoce el trabajo educativo, comunitario y territorial que realizan estas experiencias, sino que atenta contra el derecho a la educación de las poblaciones más afectadas por la crisis y más vulnerabilizadas», denunciaron y agregaron: «Estas experiencias, además, llevan años siendo una respuesta educativa de calidad y territorializada, garantizando su funcionamiento con magros subsidios, que no financian ni por asomo la integralidad de los servicios educativos que ofrecen».