15 de junio 2022, CABA (Ansol). -Hace más de un mes y ante un centenar de trabajadores y trabajadoras, se presentó en el Congreso la Ley de Recuperación de Unidades Productivas. El proyecto busca que se declare de utilidad pública la recuperación de empresas por parte de sus trabajadoras y trabajadores, se reconozca institucionalmente a esta experiencia y se le brinde herramientas estratégicas de protección y desarrollo.

En la actualidad, el país registra más de 400 Empresas Recuperadas, que implican alrededor de 18.000 puestos de trabajo en los más diversos rubros, fortaleciendo el desarrollo local y generando nuevos empleos y espacios de cultura, educación, cuidados y formación.

Eduardo «Vasco» Murúa es el fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y está hoy a cargo de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social. Desde hace años impulsa este proyecto y, en diálogo con ANSOL, se explayó sobre las necesidades del sector y la importancia de la Ley. «En realidad, el que necesita esta Ley es el país, ante la nueva situación social, el aumento del desempleo y la desocupación«.

«Creemos que es necesario tener una ley moderna, que implique la recuperación de las empresas que se cierran. Lo que estamos planteando es que el Estado tenga una ley que acompañe el proceso de no destrucción a las industrias», apuntó.

Si bien el proyecto ya fue presentado por varios diputados en diferentes ocasiones, no cuenta aún con un apoyo legislativo concreto. El Vasco explicó al respecto: «Creo que va a ser en conjunto el apoyo. Es una ley que te permite pensar en la mayoría, hace mucho tiempo no se hacen leyes para la mayoría y, si Argentina tiene esta ley, se repetirá en muchas partes del mundo. En Latinoamérica, seguro porque es una necesidad concreta que estamos legislando sobre el bien más escaso que existe en el mundo. Hay diputados que piensan en su política económica contra nuestro pueblo, pero la verdad no encuentro razón lógica para que no se vote la ley. No tiene un costo para el conjunto de la sociedad esta recuperación porque lo que estamos haciendo es compensar los créditos de los trabajadores y trabajadoras junto al Estado».

Por último, contó por qué cree que se demora la sanción: «Siempre cuesta lo nuevo. Cuesta instalarlo y que se ponga en la cabeza de la dirigencia política. Hace 22 años que recuperamos la primera empresa. Los trabajadores y trabajadoras demostraron que sí podían conducirla, pero todavía el Estado no las reconoce como lo que son. Quizás también haya, por otro lado, alguna organización de empresarios que trata de evitar esto. Lamentablemente, hay compañeros que sufren una discriminación por parte del estado hacia las empresas recuperadas. Porque comparada con los subsidios que hay a las grandes empresas y a las pymes, es muy poco lo que nos dan».