El pedido de desdoblar la facturación, alertó a las cooperativas eléctricas de todo el país que brindan su servicio a casi 8 millones de argentinos, en 15 provincias. Junto a Cooperar, emitieron un comunicado donde expresaron que «peligran fuentes de trabajo». 

29 de NOV CABA (ANSOL) La Confederación Cooperativa de la República Argentina, junto a federaciones que nuclean a las cooperativas eléctricas de las distintas provincias, alertaron ayer que «peligran fuentes de trabajo y el tejido social de miles de pueblos del Interior», debido a la disposición que las obliga a cambiar la forma de facturar el servicio eléctrico.

«Debemos alertar que nuestro sector viene sufriendo sistemáticamente distintas medidas –políticas, económicas, administrativas- quizás por desconocimiento de nuestras organizaciones, pero que significan un menoscabo para los derechos asociativos y esencialmente, para la economía y viabilidad de nuestras empresas y comunidades», expresa el comunicado de las federaciones y cooperativas que representan a las más de 600 empresas distribuidas en 15 provincias del país.

En la actualidad, casi 8 millones de argentinos reciben el servicio a través de alguna de estas distribuidoras de electricidad que están constituidas por unos dos millones de asociados/usuarios.

«Sin adentrarnos en cuestiones jurídicas respecto a la procedencia de la misma, entendemos que atenta contra un sector de la Economía Social y Solidaria que, producto de una historia y desarrollo territorial ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial», aclara el comunicado de prensa.

El conflicto se suscitó, a partir de la Resolución INAES 3442/2018 establece facturar el servicio eléctrico de manera “autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.

«Con pesar, consideramos que en esta decisión gubernamental no se dimensiona adecuadamente la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones ni el daño que esta medida pueda provocar a los propios usuarios de los servicios públicos que se intenta defender y, por derrame, el que le provoca a los pueblos del Interior de nuestro país», finaliza.

Entre otras, firman el comunicado, Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (Conaice), Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face), Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba), Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba), Consejo Regional de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face Córdoba), Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor), Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos (Fescoe)
Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechcoop), Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo (Fecocuyo), Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (Fepamco), Federación de Cooperativas de Servicios Esenciales de la Patagonia (Fecoes) y Federación Integral de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires (Fice).

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