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Las diferencias entre el anuncio del Gobierno contra las cooperativas y la realidad

Andrés Ruggeri y Gustavo Sosa, referentes de la Economía Social y Solidaria, realizaron un análisis pormenorizado de los anuncios del vocero presidencial Manuel Adorni sobre las cooperativas, y de las dos resoluciones posteriores del INAES.

(ANSOL). – El pasado miércoles 27 de marzo, antes de comenzar la Semana Santa, el vocero presidencial Manuel Adorni realizó anuncios alarmantes sobre el mundo cooperativo, que incluían la baja de unas 11 mil matrículas. Sin embargo, esto no ocurrió.

Rápidamente, la angustia se apoderó de las cooperativas creadas en el período de años señalado por el vocero, que sin saber cómo ni por qué, creían que tras el feriado extralargo, iban a ser dadas de bajas de inmediato. En el transcurso de esas horas del miércoles comenzaron a circular las resoluciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) -actualmente dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación-, que es el organismo que podría llevar adelante las medidas anunciadas.

Si bien las dos resoluciones publicadas tienen una vinculación con lo expuesto en la conferencia de prensa, distan mucho en cuanto a lo concreto con lo expuesto por el Poder Ejecutivo. El embate comunicacional continuó más tarde en algunos medios masivos vinculados a la línea del gobierno nacional, en lo que pareciera ser una suerte de campaña política contra las cooperativas.

Al respecto, el antropólogo y director del Programa Facultad Abierta de la UBA, Andrés Ruggeri compartió con ANSOL: «Es una ofensiva política que corresponde a un plan ultraliberal, en el que las cooperativas son atacadas dentro de un ataque a la idea de la intervención del Estado en la economía y tiene que ver con una cosmovisión del trabajo que el gobierno detesta. En esta búsqueda de reducir el Estado a lo mínimo e indispensable, las cooperativas como mecanismo de los trabajadores para generar su propio trabajo y como salida al desempleo, están fuera del radar de políticas posibles. Entonces aparecen esta serie de medidas mentirosas y que solo se explican desde el prejuicio, además que no se condicen con las verdaderas medidas que se tomaron hasta ahora«.

Ruggeri continuó: «Es un error conceptual creer que las cooperativas son una caja financiada por el estado. Desconocen que la cooperativa es una organización económica autónoma, que genera trabajo y riqueza. Se mezcla lo que son las cooperativas con los programas sociales, que muchas veces se canalizan a través de cooperativas».

Las diferencias entre el anuncio del Gobierno contra las cooperativas y la realidad

El abogado Gustavo Sosa, miembro de la Asociación Civil Centro de Iniciativas de la Economía Social (CIES) e integrante del Centro de Estudios de la Economía Social de la UNTREF, aclaró en su publicación Nuevas resoluciones de fiscalización del INAES. Análisis urgente de textos y contextos que «las cooperativas y mutuales son empresas, organizaciones que tienen un fin y que para ello generan trabajo, movimiento económico, desarrollo local, innovación social. La enorme mayoría de esas cooperativas y mutuales son PyMEs, con todo lo que ello implica en nuestro país a la hora de generar actividad económica, trabajo, innovación, etc. Algunas cooperativas de trabajo mantienen relación con lo que se conoce como movimientos sociales y con sectores de la política partidaria. Otras se relacionan con personas que recuperan sus empresas (las conocidas como empresas recuperadas). Otras se conforman en virtud de personas con oficios en común que entienden que la mejor salida para su actividad es la organización cooperativa (por ejemplo, los cuidados domiciliarios). Otras tienen vinculación con proyectos de empresas familiares que adoptan la figura cooperativa. Otras se originan en virtud de la promoción de otras empresas, fundaciones, el Estado. Otras cooperativas tienen por objeto la recuperación de usuarias/os de consumos problemáticos, la generación de posibilidades concretas a usuarios del sistema de salud mental, la inserción social de personas en contextos de encierro, la generación de trabajo a víctimas de trata y de violencia de género, de personas migrantes. Las llamamos cooperativas sociales. En las cooperativas y mutuales hay miles de personas que apuestan por la puesta en marcha de proyectos para poder satisfacer las necesidades propias y de sus comunidades«.

En cuanto al mecanismo comunicacional que llevó a cabo el Gobierno, Sosa agregó: «Tranquilidad no es la que transmitió el vocero, que día a día amplía el universo ‘casta’ a sectores de la población impensados. Para justificar ese discurso se señalarán casos de corrupción que deben ser investigados, desde ya, pero ¿alguien serio puede creer que 8.000 cooperativas conformadas entre 2020 y 2022 tienen todas las misma condiciones?».

A su vez, en lo que tiene que ver con el porcentual de entidades que repiten su correo electrónico de contacto según lo expuesto por el vocero presidencial, el abogado y magister en economía social aportó: «Hay estudios de profesionales que llevan adelante muchas de las constituciones de sociedades, cooperativas, mutuales, fundaciones y demás entidades existentes en el país. Se dedican a ello, es su actividad profesional, ¿dónde está la ilegalidad?».

Las diferencias entre el anuncio del Gobierno contra las cooperativas y la realidad

Suspensión de matrículas de cooperativas y dos resoluciones del INAES

Las suspensiones de matrículas son sanciones que no están previstas en la legislación cooperativa y si están reguladas por resoluciones del INAES pre existentes a las que fueron aprobadas por directorio el lunes 25 de marzo, que circularon el miércoles 27 de marzo, fueron subidas al sitio de INAES el jueves 28 de marzo; y que se estima que se publicarán en Boletín Oficial el próximo miércoles 3 de abril. Al respecto Gustavo Sosa explica en su escrito que «La Resolución INAES N° 1659/2016 es la que establece las razones por las cuales puede operar la suspensión de la autorización para funcionar. La misma medida luego se aplicó a las entidades que no cumplimentaron el proceso de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales realizado entre los años 2018/19.«

En este mismo sentido Andrés Ruggeri aclaró que «lo que ellos dicen que van a hacer no es lo que hicieron, sino que es otra cosa. Ellos dicen que van a dar de baja cuatro años de formación de cooperativas que se eliminarían de un plumazo, con una sola medida. Eso hasta ahora no lo hicieron. La medida que tomó el INAES fue principalmente volver a suspender las cooperativas que no habían completado el censo obligatorio y digital de la gestión anterior de Marcelo Collomb. El objetivo de eso era suspender a las miles de cooperativas de trabajadores que por desconocimiento o por venir de programas del estado del gobierno anterior no podían en su momento completar el censo.»

Para contrastar empíricamente los datos difundidos en conferencia de presa, Gustavo Sosa detalló sobre las 11.000 matrículas suspendidas: «Actualmente en los padrones obrantes en la página del INAES se pueden encontrar 10.458 matrículas de cooperativas y 1335 matrículas de mutuales suspendidas. Esas suspensiones datan del año 2019 para atrás. Son las que figuran en gran parte en la Resolución 879/24«.

En cuanto a las matrículas vigentes y en riesgo de suspensión, agregó: «Hay vigentes en todo el país un total de 24.445 cooperativas y de 4.129 mutuales. Las entidades que figuran en los dos primeros anexos de la Resolución 878/24, a las que se les exige la presentación de documentación y que pueden ser suspendidas abarca un universo de 5.794 cooperativas y aproximadamente 348 mutuales. Es decir, aproximadamente el 21,33 % de las matrículas de cooperativas y mutuales vigentes podrían ser suspendidas«.

Las diferencias entre el anuncio del Gobierno contra las cooperativas y la realidad

La Resolución INAES N° 878/24 consta de 4 anexos, deroga la resolución que en pandemia postergaba la realización de asambleas y presentación de documentación, y establece que las cooperativas y mutuales que obtuvieron personería jurídica hasta el 31 de diciembre 2022 y no hayan presentado la documentación correspondiente cuenta con 30 días hábiles desde la publicación de la misma en el Boletín Oficial para presentar la documentación.

La Resolución INAES N° 879/24 consta de 6 anexos, instruye a sumario a las cooperativas y mutuales por incumplimiento en la Actualización Nacional de Datos de 2018 y por falta de documentación ordinaria que acredite su funcionamiento desde el 1º de febrero de 2017 hasta el 29 de febrero de 2024. Otro grupo de cooperativas y mutuales que presentaron documentación desde el 1º de febrero de 2017 hasta el 29 de febrero de 2024 deberán en el término de 45 días constituir su Registro Legajo Multipropósito (RLM) a través del trámite “Actualización Nacional de Datos de Cooperativas” o “Actualización Nacional de Datos de Mutuales” o “Finalización de inscripción cooperativa” o “Finalización de inscripción mutual”.

Las diferencias entre el anuncio del Gobierno contra las cooperativas y la realidad
Cuadro desarrollado por la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social (TES)