La recientemente creada secretaría de Adicciones de la CTEP va por una ley que piense una solución integral. Militantes de diversas organizaciones de este sindicato dan su visión de cómo actúa hasta hoy el Estado, a través de Sedronar y el Ministerio de Seguridad. 

17 Dic, CABA (Ansol).- “Los baches del Estado son gravísimos e históricos. Desde lo biológico, casi no tienen acceso al sistema de salud, que los rechaza, porque la violencia institucional no sólo proviene de las fuerzas de seguridad, sino también en escuelas y hospitales”, dijo a Ansol Aylen Nawel, militante del Movimiento Evita en Casa Pueblo, en avenida Forest, a una cuadra del Playón de Chacarita.

El rol de Sedronar y el ministerio de Seguridad

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) creó el programa Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), a fines del Gobierno anterior, que funciona como un reconocimiento del Estado a la prestación brindada por las organizaciones. Así, lo entiende Ignacio Puente, uno de los directores nacionales de la secretaría. “Es una presencia del Estado, a través de las organizaciones sociales. El Estado terminaba creando estructuras estatales, como los dispositivos de atención primaria, que con una mirada colonialista accedían al barrio. Pero el barrio nunca los reconocía como propios y esto hacía que las personas no se acerquen. El CAAC se crea para que el Estado logre una intervención efectiva, a través de organizaciones con las que los chicos sí se identifican”, resumió.

El proyecto de ley

“La Ley de Estupefacientes (23.737) se hizo hace muchísimos años y lo que hace es criminalizar y castigar. La Ley de Adicciones que escribimos e impulsamos las organizaciones hace hincapié en algo fundamental que es el abordaje comunitario, con mirada integral. Apunta a los sectores más pobres y vulnerados del país. La idea es brindar un acompañamiento en la vida. Formar parte de una cooperativa de trabajo, poder estudiar e incluso construir una vivienda”, resumió Sebastián Sánchez, fundador de Vientos de Libertad y agregó: “Entendemos que no hay un tratamiento, si no hay tierra, techo y trabajo. Un pibe no va a salir adelante por meterlo en una institución terapéutica durante tres años y después largarlo a la calle. Se plantea una nueva modalidad de tratamiento. No necesitamos del encierro, de la medicación, sino de ‘acompañar la vida como viene’, como dicen los curas villeros. Acompañarlo no sólo cuando viene roto, sino en el después, que es cuando más necesita”.

Para Vanesa Escobar, coordinadora de Red Puentes, “declarar la emergencia en adicciones es poner en agenda el reclamo, solicitar presupuesto no sólo para los programas vigentes, sino también para nuevos programas relativos a la inclusión, el trabajo, la educación, la prevención. No se puede abordar la problemática sin pensar a la comunidad y al territorio”.

Para Ignacio Puente, “hace falta mucho más que una ley”, ya que “si bien es mucha plata la que gestionamos, se necesita mucho más porque hoy en día el programa llega a un tercio de lo que debería”. En ese orden, compartió con las organizaciones el carácter de retroceso de la Ley de Estupefacientes y recordó la sanción la Ley de Salud Mental y Adicciones (26.657, sancionada en 2010).

“Esta ley tuvo muchísimos avances. Pero en el tema de adicciones tiene un problema que es restringirlo a un problema de salud, cuando en realidad son también un problema social. Las adicciones son el rostro más cruel de la marginalidad”. Puente explicó que la Ley de Salud Mental y Adicciones no criminaliza por ser adicto, pero en la práctica termina siendo hipócrita porque sí te criminalizo por los delitos que se comete para subsidiar la adicción. A fin de cuentas, “la policía sigue siendo el rostro del Estado frente al pibe”. Según el funcionario, la única forma de combatir este problema es “multidisciplinaria y multifacética”, para lo cual se debe “articular las acciones de todos los otros ministerios relacionados con la problemática como Educación, Desarrollo Social, Seguridad, Justicia, etc.”.

Desidia estatal y militarización

Fuentes del ministerio de Seguridad que pidieron no ser citadas explicaron a Ansol que “las capacitaciones a las fuerzas se siguen dando y se habla de no estigmatizar y tienen una bajada con relación a los Derechos Humanos, pero está difícil que hagan uso de esas herramientas”. Según la misma fuente, “hay una intención de disfrazar ciertas cosas con el discurso, pero que en la práctica suceden de otra manera”; por ejemplo, “disminuyó un montón la presencia territorial del personal civil, que abordaba la problemática desde otro lugar. Hay también un discurso de interacción entre distintos ministerios y programas, pero en la práctica dejó de ocurrir”.

Esta degradación se complementa con el aumento de efectivos policiales. “Militarizaron los barrios. Es un asco la cantidad de gendarmes y canas, criminalizando y estigmatizando a los pibes y pibas. Hay violencia policial todo el tiempo. El nivel de discriminación y de violencia es cada vez mayor y lo único que hacen es generar más violencia”, denunció Sebastián y agregó: “Y es casi lo único que hace el Estado al respecto. Nos ayuda, pero se devaluó. Equipos de trabajo, comida, talleristas y alquilar el espacio. Cualquiera que haga terapia sabe cuánto cobra un psicólogo la hora. Si lo tuviéramos que hacer sin compañeros comprometidos y militantes, no alcanzaría para nada”. Por esto, la Ley de Adicciones plantea también la disposición de partidas presupuestarias que garanticen la realización de las acciones sociales.

Para Vanesa, “desde el Estado no hay demasiado”. El programa “CAAC está congestionado”. “No hay una intervención estatal efectiva porque las instituciones que dispone no resuelven el problema. Los pibes se van porque están aislados, no se responde a sus necesidades, se los aísla, se los castiga, se los sobremedica. Nosotros trabajamos desde la contención, desde la solidaridad, desde el compañerismo. Es un abordaje completamente distinto. Ahora, hay una mesa de organizaciones, organizaciones sociales y eclesiales, y funcionarios de la Sedronar. Queremos pensar la política pública desde una óptica integral y comunitaria”, afirmó.

Para el funcionario, ni el Estado ni las organizaciones pueden por sí mismas brindar soluciones efectivas. “El Estado no está ausente. Está presente a través de las organizaciones. La única política pública que hay es a través de los dos actores”. Desde Sedronar, “ayudamos a los movimientos sociales y a la Iglesia en su vinculación con los distintos dispositivos que tiene el Estado, que por sí mismos no logran llegar a esos lugares”. En ese sentido, Puente reconoce que “en 2016 y 2017, las organizaciones y la Iglesia pelearon fuerte por el presupuesto del programa y pasamos de 40 dispositivos a 200 en todo el país. Ahora, estamos un poco atrasados. No nos alcanza para seguir ampliando, pero no está desfinanciado. Aportamos 250 mil pesos mensuales a las casas más grandes y 150 mil mensuales a las más chicas”, cuantificó.

Vanesa aseguró: “Aumenta el consumo y aumenta la persecución por parte del Estado. Venimos de un juicio en Córdoba por el asesinato de un pibe de 13 años, Lucas, que con otro se quisieron robar una bordadora de pasto. Lo mataron de un tiro por la espalda. Al policía le dieron 2 años y al compañero de Lucas le dieron 5 años (…) Creció la persecución, los verduguean todo el tiempo, los paran y los detienen todo el tiempo por portación de rostro. Estamos cansados de que los muertos sean siempre nuestros. Ya sabíamos que iba a ser esta la política del Gobierno. Sabíamos que venían contra nosotros”. Finalmente, graficó: “De nuevo empezamos a ver pibes jalando nafta o poxirán. Hace años no se veía eso y lo emparentamos directamente con la situación que vive el país”.