Lo dictó la Resolución 88/2021. Se deberá elaborar en conjunto entre las provincias y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sentencias judiciales. La voz de la Cooperativa Inquilinxs de Córdoba, que busca federalizar la política.

26 de marzo de 2021, CABA (Ansol).- La Resolución 88/2021 ordenó crear el Protocolo nacional de alerta temprana de desalojos, y estableció que deberá ser elaborado por las provincias junto con el Ministerio nacional de Justicia y Derechos Humanos.

El protocolo recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo para contar con bases de datos confiables y actualizadas que colaboren con el desarrollo de las intervenciones necesarias para contribuir a la solución de problemas habitacionales.

Franca Damico, de la Cooperativa Inquilinxs Córdoba, comentó a ANSOL: “Es una buena medida, pero que debió adoptarse con mayor anticipación”.
También agregó: “No se incluyó, hasta ahora, es un programa de desendeudamiento de los inquilinos, las inquilinas, con asistencia del estado, algo que reclamamos desde el inicio, así como también el relevamiento de los hogares con dificultad para pagar las deudas adquiridas y con riesgo de desalojo”.

Frente a la cercanía al 31 de marzo, cuando vence el DNU 320/20, que posterga vencimientos de alquileres vencidos, congela precios y suspende desalojos, la cooperativa manifestó que espera que en pocos días se pueda obtener la información necesaria por parte del Ministerio de Justicia y DDHH de cada provincia y que se celebren los convenios de colaboración a nivel federal, a los efectos de articular los medios y recursos necesarios para asistir las inquilinas, los inquilinos y familias con dificultades.

En un comunicado, la cooperativa alertó que, pese a haberse comunicado con el ministerio de Justicia de Córdoba cuando este anunció que no extendería el DNU 320.

También esperan que la Legislatura provincial sancione proyectos de ley para que la comisión sea pagado por la parte locadora y se garantice el acceso a la vivienda digna.

“El federalismo no es solo exigir derechos cooparticipables, es también la asunción y cumplimiento de obligaciones”, señalaron desde la cooperativa.
Por otro lado, Amico indicó: “Es importante que los contratos se comiencen a celebrar con aplicación de la nueva Ley de Alquileres, y que comiencen a registrarse ante AFIP, con el fin de avanzar en políticas relativas al precio inicial de los contratos (ya que la forma de actualización ya está determinada por la nueva ley, pero al precio inicial lo sigue definiendo el mercado inmobiliario) y en medidas a aplicar respecto a la vivienda ociosa. Estas medidas permitirán ir bajando y regulando los precios de los alquileres”.

Indicó que hace falta tener una mirada federal para resolver el problema, por lo que opinó: “Es fundamental la creación de Defensorías, Órganos de Control o Autoridad de Aplicación en cada provincia para poder llevar a cabo un control de la aplicación de la Ley de Alquileres y de toda normativa aplicable a la locación, y dónde los inquilinos y las inquilinas puedan realizar denuncias, recibir asesoramiento y llevar a cabo audiencias de mediación”.

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