La resolución 61/2024 que crea el programa asistencial «temporario» de «vouchers educativos«, a través de la Secretaría de Educación, intenta tanto transformar como poner en cuestión el carácter público de la educación pública, otorgándole nuevos sentidos y definiendo la construcción de un espacio no estatal, «localizado» entre el Estado y el mercado.
De este modo, afecta fondos como los del FONID y el de la conectividad, recientemente suprimidos a todxs lxs educadores y destinándolos a una porción de estudiantes de gestión privada, desfinanciando cada vez más la educación pública.
Cabe agregar que en paralelo la Secretaría de Educación no ha propuesto en estos 100 días de Gobierno un solo proyecto educativo que busque solucionar los diferentes problemas que el sistema viene atravesando.
Las Escuelas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria siempre hemos apostado a la educación como un derecho, en donde el Estado es quien debe regular e invertir presupuesto para su sostenimiento. A estas alturas de la historia humana, es evidente que el conocimiento es un bien público y un derecho personal y social. Citando a Simón Rodríguez: “Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene cualquiera lo compra”.
En estas décadas de fortalecimiento y visibilización de nuestras experiencias, no solo a nivel provincial sino también nacional, hubo quienes buscaron relacionarlas con este tipo de proyectos, que buscan de manera encubierta el beneficio individual de quienes tienen una mirada mercantilista de la educación, bajo la entrega de dinero para fortalecer la educación privada.
Por el contrario, nuestras experiencias, que son construcciones territoriales y autogestivas, han tomado diferentes formatos. Entendimos siempre que el Estado debe ser garante del derecho social a la educación.
En ese sentido, nuestra intención fue y será siempre trabajar asociadamente con él, para hacer del sistema público de educación un lugar más justo, igualitario y solidario. Por eso, hemos tendido como horizonte la gratuidad de estas experiencias territoriales, como parte de un sistema de educación que pueda dar cuenta de construcciones colectivas que persiguen el derecho a la educación, sin ninguna idea cercana de mercantilización de la vida, ni a la ganancia individual.
Entendemos sumamente necesario que el Estado pueda mejorar las condiciones edilicias, laborales y también las problemáticas de funcionamiento que se arrastran desde hace muchos años. Consideramos que la educación no puede quedar en manos del mercado que conduce, inexorablemente, a una competencia desigual y a una fragmentación social.
Seguimos comprometidos con una Educación emancipadora, con un compromiso social en cada una de nuestras comunidades, para mejorar y fortalecer lo público, desde una pedagogía que parte de cartografiar su territorio, sostener a la educación como un derecho de todos y todas, así como una obligación ineludible del Estado de proponer su mejora y ampliación continua, sacándola del lugar de control y reproducción social que se le ha asignado tradicionalmente.