(Ansol).- Tras la histórica concentración en Plaza de Mayo contra el fallo de la Corte Suprema que le otorgó el llamado “2×1” al torturador y asesino Luis Muiña, miembro de un grupo paramilitar que operó en el Hospital Posadas y en el centro clandestino El Chalet, el sector autogestivo porteño saca conclusiones.

La economía social fue parte de los 500 mil pañuelos que ayer se levantaron en alto para decir «Señores jueces: Nunca más».

Las federaciones Fedecaba, Facta, Gestara, la de medios cooperativos Red Colmena marcharon en conjunto, mezclados entre los docentes de la escuela cooperativa Mundo Nuevo.

“El 2×1 hizo volver a gran parte del pueblo argentino a revivir un dolor que pensaba que había podido cambiar por los juicios. Es increíble que hoy vuelva a renacer todo esto y fundamentalmente impulsado por el gobierno, pese a que dice que no tiene nada que ver. Fue una movilización muy grande, el pueblo argentino no la va a dejar pasar. Lo menos que espero por dignidad es que los jueces renuncien. Realmente, es algo muy penoso, porque el fallo no refleja al pueblo argentino ante el mundo, no es lo que piensa ni siente. Y la parte que piensa que el fallo es legítimo es tan minúscula y no pasa más de los círculos en que estaban estos represores. Desde Fedecaba adherimos de la marcha y vamos a participar”, concluyó a este medio el presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, Hugo Cabrera.

“Desde Gestara repudiamos el fallo. A los crímenes de lesa humanidad no les corren los mismos beneficios que a los presos comunes. Creemos que esto es una provocación, una forma de empezar a visualizar el nuevo régimen y el debate que quieren instalar en la sociedad sobre si fueron 30 mil. Hace cuarenta años viene peleando la sociedad por mostrar lo que hizo la dictadura y no nos reconciliamos ni perdonamos. Hay que estar muy firmes con esto. Es un día casi de obligación cívica estar en la Plaza de Mayo mañana, repudiando este fallo, porque la Corte no puede darse ese derecho. Esta es una medida mediática también para correr el eje de la situación del país, que es la falta de trabajo para el pueblo argentino y con estas cosas desvían las atenciones. Quedó claro que el pueblo está unido y tiene claro qué es lo que no se negocia”, expresó a esta agencia Leonardo Duva, titular del Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina.

“Como Red Colmena pensamos que es una suerte de indulto encubierto. Creemos que ahora se van a soltar genocidas que en otras épocas fueron juzgados por delitos de lesa humanidad, y que no tiene que ver con delitos comunes, sino con el Estado en contra de sus propios ciudadanos. Creemos que la economía social defiende valores, y entre ellos, los derechos humanos. Lo especial de la fecha es que por primera vez marchamos varios sectores del cooperativismo juntos y eso nos parece muy importante en estos tiempos, llamar a la unidad. Estaremos en la calle, apoyando a todos los organismos de derechos humanos que durante todos estos años defendieron la causa”, dijo a Ansol Pamela Fadiga, tesorera de la Red Colmena.

Facta resaltó la histórica lucha, encabezada por los organismos de derechos humanos, que ya logró que se consideren estos delitos como “no concluidos” hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados que aún no han recuperado su verdadera identidad.

Los genocidas no

Ayer por la tarde, el Senado convirtió en ley la limitación expresa a la posibilidad de que represores y genocidas puedan acceder al beneficio del 2×1.

El único voto en contra que tuvo el proyecto fue el de Alfredo Olmedo, el diputado salteño del PRO.

2×1 a Muiña: denuncias y rechazos internacionales

Muiña está condenado por ser «coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde», y sus víctimas comprobadas fueron Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

Hasta el momento, cuatro son las denuncias que pesan sobre los magistrados que aprobaron la medida, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Elena Highton, o contra el Estado argentino, por incumplir las leyes conforme a los delitos de lesa humanidad.

Por su parte, el el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, afirmó que “los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, por lo que instó al Estado nacional a cumplir los compromisos asumidos a nivel internacional sobre derechos humanos.