(ANSOL). – Lo que terminó siendo el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), ahora en vías de desmantelamiento, se originó en 2008 como Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente de la entonces Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGPyA), resultado de la exigencia de más de mil organizaciones del sector nucleadas en el entonces Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), un movimiento que conformaron desde comunidades indígenas de las más postergadas hasta la Federación Agraria Argentina.
Luego de 2 años de intenso trabajo para lograr acuerdos entre todas las organizaciones, se concluyó en un documento llamado «Lineamientos Generales de Políticas Públicas Orientadas a la Elaboración de un Plan Estratégico para la Agricultura Familiar«, el cual se aprobó por unanimidad en un plenario multitudinario convocado en Parque Norte en agosto de 2006, culminando un proceso ejemplar de participación y democracia real.
Con ese documento como instrumento de presentación y negociación, entre 2006 y 2008 se realizaron innumerables declaraciones públicas y gestiones (a veces tensas, a veces cordiales) con autoridades de gobierno, tanto del Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, Cancillería) como del Legislativo (Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, de Economías Regionales, de ambas cámaras), tendientes a la creación de un ámbito en el Estado Nacional, en un área que tenga que ver con el desarrollo productivo y económico (no con la asistencia social) para la implementación de políticas específicas y diferenciales para la Agricultura Familiar.
Todo este proceso de organización, participación y generación de propuestas consensuadas (vale decir, por ejemplo, que entre las propuestas se hablaba explícitamente de Reforma Agraria) desembocó en reuniones al mayor nivel jerárquico del Estado, fruto de todo lo cual finalmente crearon la Subsecretaría de AF.
A la misma se le asignaron todo el plantel técnico del entonces Programa Social Agropecuario (PSA), unos 850 técnicos en todas las provincias, más 65 técnicos de distintas áreas de la SAGPyA. Ese plantel de técnicos (profesionales de agronomía, zootecnia, veterinaria, sociología, trabajo social, comunicadores, entre otras disciplinas) contaba con experiencia y compromiso de trabajo incomparables. Este equipo ya había generado una dinámica virtuosa, que al crearse la Subsecretaría se potenció canalizando la asistencia técnica, capacitaciones y ámbitos de debate público.
Las unidades productivas en todas las Economías Regionales del país son diferentes. En el FONAF habíamos trabajado en cinco regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia. Pero todas con sus particularidades estaban necesitadas de un abordaje específico. En cada provincia, según una serie de indicadores de la AF, se necesitaban la aplicación de políticas específicas.
El resultado está a la vista: muchísimos productos del sector que se encuentran actualmente en las góndolas regionales y sectoriales han tenido un apoyo en cuanto a la producción que se tradujo en la inversión necesaria para la producción primaria, con el objetivo de obtener valor agregado.
Lamentablemente, ha sido insuficiente, por falta de planificación. Pero sin la existencia de este espacio hubiese sido imposible conseguir los equipamientos necesarios para desarrollar los productos de la AF. Pero sobre todo hay que resaltar la asistencia técnica que es de una importancia invalorable, tanto para canalizar proyectos de desarrollo productivo como para poder atender la ejecución de los mismos.
Es por esto que los productos de la AF están ingresando al mercado masivo desde hace poco tiempo. Siempre habían ingresado a través de acopiadores o de agroindustrias grandes que compraban la producción primaria. Actualmente, se han abierto canales específicos del sector, que proponen agregar valor a toda la cadena cooperativa.
Desde la producción primaria (las cooperativas de productores); en las cooperativas de cooperativas o federaciones que hacen al acopio o envasado; en la cooperativización de la distribución, comercialización y comunicación. Todo este agregado de valor ha logrado una inserción en el mercado que está en pleno crecimiento y desarrollo. Nada de esto sería posible, si no hubiese un estado que acompañe las necesidades de la producción.
Los vaivenes que perjudicaron el desarrollo de la Agricultura Familiar
En el transcurso de estos 16 años, la Subsecretaría devino en Secretaría; luego, otra vez Subsecretaría, y finalmente en Instituto. Fue responsabilidad de las autoridades políticas y de los funcionarios de turno de los distintos gobiernos, quienes debían aplicar políticas activas para este importante sector productivo y económico.
Las marchas y contramarchas, la poca importancia que le asignaron al sector durante todas las gestiones, el abandono de la estructura operativa, el desprecio por las capacidades profesionales, la arbitrariedad en la toma de decisiones, la designación en puestos de responsabilidad a personas incompetentes, ignorantes del sector, sólo por afinidad a una facción política, todo sumado a tantos anuncios y declaraciones engañosas para ilusionar a quienes esperan respuestas (ejemplo: la Ley de Agricultura Familiar, anunciada mil veces, sancionada en 2014 sin presupuesto, anunciada mil veces su reglamentación nunca concluida.), este desmanejo, en fin, ha sumido al sector en la indefensión actual.
No podemos ignorar nada de esto. Si en 16 años se hubiera avanzado en la dirección originalmente propuesta, otras serían las condiciones para defender lo que corresponde. Habría organizaciones fuertes, volúmenes de producción, capacidad de negociación e incidencia política.
Las claves de la Agricultura Familiar
1. El ámbito institucional del Estado que ahora se cierra no fue resultado de políticas pergeñadas por burócratas estatales ni pago de favores a punteros políticos de ningún espacio, sino resultado del trabajo, lucha y negociaciones (en el buen sentido) de los protagonistas del sector.
2. Los equipos de técnicas y técnicos comprometidos con el desarrollo del sector (y vapuleados cíclicamente por advenedizos políticos de todos los colores) son trabajadoras y trabajadores a veces heroicos por las condiciones en las que les ha tocado desempeñar sus funciones.
3. El plantel de técnicos y técnicas que van a ser despedidos, no son ñoquis o no trabajadores (si los hay serán minoría) nombrados a las apuradas por un gobierno saliente. Por el contrario, son trabajadores del Estado en algunos casos con más de 25 años de antigüedad, quienes fueron asignados a este espacio de trabajo, provenientes ya de otro existente.
4. Las malas gestiones en el manejo del Estado y de las políticas públicas no pueden ser motivo, de ninguna manera, para el desmantelamiento, en todo caso cada nuevo equipo de gestión debiera traer ideas claras respecto a cómo cumplir con la finalidad de lo que le toca administrar, en este caso un lugar para generar políticas de desarrollo de un sector productivo.
5. Como ya se ha dicho respecto a otros ámbitos que están sufriendo esta política de desmantelamiento, si identifican la comisión de delitos en gestiones anteriores, lleven la causa ante el Poder Judicial (que está para eso) pero no tiren, como dice el dicho, el agua de la bañera con el niño adentro.
6. Sea como Subsecretaría, Secretaría, Instituto o lo que fuere, un ámbito Estatal que se ocupe de acompañar a los agricultores, agricultoras y a sus familias campesinas e indígenas es imprescindible para evitar la postergación y desaparición definitiva de quienes habitan nuestros territorios produciendo la mayor cantidad y los mejores alimentos, además de generarse su propio trabajo y sostener los desarrollos locales.
La resistencia al avance de la derecha liberal
Es difícil resistir a una medida de este tipo porque, lamentablemente, el sector está más desorganizado que hace 16 años. Antes, se tenía una capacidad de incidencia en el debate público que obligaba al poder político a dar respuesta. Hay una disgregación en el sector, a pesar de contar con algunas organizaciones importantes por el número de productores y productoras que agrupa, y se necesita una unidad fuerte con seguridad económica que conforme la masa crítica suficiente.
Si tuviésemos ámbitos de participación y organización generales con comunes denominadores, tendríamos la fortaleza para sostener lo que logramos. En el año 2007, el 13,5 % de la tierra cultivable participaba de casi el 20 % del producto bruto agropecuario. No es un sector que carezca de capacidad de producir, sino que tiene un potencial y no tiene la capacidad industrial propia.
En cuanto a los técnicos, sin el apoyo del Estado, será difícil poder evitar desde su aporte fundamental el desmantelamiento del aparato productivo del sector. Existe una dificultad muy grande de nuestras experiencias para trabajar dejando ciertas mezquindades de pequeños grupos. Cuesta mucho construir en el desacuerdo, cuando tenemos objetivos comunes.
Las ambiciones son legítimas, pero tenemos que retomar la experiencia del FORO, para deponer las pretensiones de protagonismo individual y llegar a un acuerdo en conjunto. Hoy más que nunca es necesario, porque no podemos resistir a esta medida de crueldad infinita sin una posición consensuada, única y firme.
Los productores y productoras no nos merecemos esto. Los técnicos y técnicas que acompañan a los productores en los territorios no nos merecemos esto. Las poblaciones rurales, los trabajadores y trabajadoras organizados, los consumidores de alimentos sanos, las verdaderas gentes de bien no nos merecemos esto.