*Por Andrés Ruggeri

Nadie puede desconocer que el sector cooperativo está en un momento complicado. Cuatro años de macrismo y la consiguiente recaída neoliberal dejaron una economía y un Estado en ruinas que quedó mirando hacia el negocio financiero, la producción primaria y la precarización del trabajo. Ese marco arrastró también, como no podía ser de otra manera, al sector de la autogestión.

El gobierno de Alberto Fernández asumió con gran expectativa de nuestras cooperativas y a los tres meses arrancó una pandemia mundial. Obviamente, la crisis económica se profundizó y vemos las consecuencias a nivel general, y en particular, para nuestro sector, que al igual que el resto de la economía productiva requiere sostenimiento con políticas públicas activas para sobrellevar la situación. En esto debemos señalar dos cuestiones: por un lado, la falta de legislación adecuada impidió que una parte importante de las políticas públicas dedicadas durante este año y medio a tratar de aguantar la crisis no haya alcanzado al cooperativismo de trabajo, aunque sí podemos marcar algunas como la prolongación de la Línea 1 COVID-Emergencia del PTA y otras más pensadas para la economía popular. Por otro, obliga más que nunca a pensar qué políticas públicas necesitamos. Esa es la tarea que nos demanda esta etapa: construir una política de desarrollo productivo que contemple a las cooperativas, al sector autogestionado de la economía.

Algo de esto ya se vio en la presentación del Plan de Desarrollo Verde que lanzó el ministro Kulfas: allí las cooperativas estamos interpeladas por la producción de calefones solares, para la promoción del sector del reciclado y su cadena de valor, y la incorporación a otros procesos productivos destinados a las energías renovables, con un financiamiento cercano a los 400 millones de pesos. No se trata de un anuncio aislado, sino que se integra en un proceso más general que empezó con el pasaje del INAES al Ministerio de Desarrollo Productivo. Este cambio crucial es acompañado con expectativa por el grueso del cooperativismo, a lo que se suma una gestión del organismo que está pensando más en esta clave que en la asistencia. 

La fuerte presencia de las cooperativas en el Plan de Desarrollo Verde es el primero de una serie de líneas de trabajo que van a ir saliendo a la luz: una es la de Aportes No Reembolsables (ANR) para empresas recuperadas, un fondo de 280 millones de pesos para capital de trabajo, inversión productiva y priorización de cadenas de valor industriales y servicios vinculados a la producción. Se apunta en este primer llamado a asistir a 30 o 40 empresas, con la búsqueda de tratar de brindar elementos de inversión que les permita incorporarse como agentes y actores productivos en la economía. La idea es que puedan fortalecer sus condiciones para competir en el mercado y desarrollar infraestructura y capacidades que mejoren los ingresos de sus trabajadores, generen más empleo autogestionado y ayuden a la desconcentración de la economía. La intención es que esa línea continúe y se expanda a otras empresas autogestionadas en un futuro próximo. 

Lo segundo es central y tiene que ver con la construcción de un fideicomiso administrativo y financiero integrado por bancos públicos (BICE, Nación, Provincia, con la posibilidad de la integración del Credicoop), cuyo objetivo es resolver las quiebras y solucionar los problemas que tienen una importante cantidad de casi 200 empresas que fueron expropiadas y quedaron en un limbo jurídico después de expropiaciones temporales discontinuadas o procesos de “expropiación inversa” que deja a las cooperativas en un estado de extrema vulnerabilidad. 

En tercer lugar, estamos empezando a trabajar en articular con algunas cooperativas proyectos especiales que apunten al desarrollo de cadenas de valor estratégicas integradas por cooperativas. Se trata de darle a la producción autogestionada la escala necesaria para empezar a convertirse en el actor destacado de la economía que pensamos que es, con un concepto de solidaridad social y en manos de sus trabajadores y trabajadoras. 

Por último, hay que dar el paso de la actualización legislativa y normativa que iguale al trabajo autogestionado con el resto de los sectores laborales y lo ponga en las mismas condiciones de financiamiento y desarrollo tecnológico que tiene la economía del capital. 

Hasta ahora, el Estado había tenido una respuesta generalizada hacia nuestro sector: la emergencia, la contención social, una mirada transitoria para aguantar, promover puestos de trabajo cooperativos hasta que puedan ser absorbidos por un sector privado con empleo “de calidad” que a esta altura se revela cada vez más claramente como imaginario y que no solo no aparece sino que, en el capitalismo contemporáneo, se reduce cada vez más. Faltaba la convicción de que deben ser incorporadas como actor de producción y trabajo, y para eso se necesitan herramientas diferentes, no las pensadas para la emergencia. Esa convicción empieza a crecer y, en medio de todos los problemas normativos que impiden las soluciones estructurales, creo que podemos ser optimistas en que este camino que estamos empezando a recorrer sea el esperado por todo nuestro movimiento. 

*Director de la revista Autogestión para otra economía. Coordinador del Consejo Consultivo del INAES y asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Editor Ansol

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