*Por Eva Verde

El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal que está próximo a ser tratado por Diputados es una iniciativa que se viene presentando hace muchos años, en distintos formatos y por diferentes organizaciones. El actual proyecto ya tiene media sanción en Senado y hoy podría tener dictamen de las comisiones en el Congreso.

La ley de Etiquetado propone básicamente que en el frente de los productos que se venden envasados se indique si el producto tiene exceso de sodio,  grasas trans, azúcares, etc. Estas advertencias irían en forma de octógonos negros, según los parámetros  que estipula la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Es una ley que propone democratizar y transparentar la información, sabemos que es importante tener elementos a la hora de elegir, es imprescindible la información para tener capacidad de discernir. ¿Qué compramos? ¿Qué consumimos?

En cualquier góndola podemos ver muchos envoltorios que nos prometen un producto casero, natural, colonial o de campo; estas son publicidades engañosas que deberían estar prohibidas o por lo menos reguladas.

Por eso esto es fundamental remarcar: la Ley de Etiquetado Frontal  que se está discutiendo es una norma que le da más derechos al consumidor y consumidora, derecho a la información  para poder elegir.

Propuestas como esta se vienen implementando en otras partes del mundo con distintas características. En los países donde fue aprobada, la industria se ha modernizado y busca producir alimentos más sustentables, amigables con el ambiente; y revela que no se pierden puestos de trabajo. Este mito lo alimentan las grandes empresas pero sin un solo dato que lo sustente.

La realidad es que deben modificar su forma de producción pero esto no impacta en la generación de puestos de trabajo, lo que hace es dar derechos, genera información abierta a todos y todas, y abre la posibilidad de elegir sin estar condicionados por los engaños de las corporaciones.

Hoy es un tema importante en un país donde los indicadores de obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades relacionadas con la alimentación están muy extendidas y revelan peligros en distintas franjas de la población.

Por otro lado estas enfermedades conllevan un gran gasto al Estado, un gasto que deberían afrontar quienes producen de forma irresponsable,  poniendo las ganancias delante de la salud. Son los costos ocultos que pagamos todos y todas. ¿No deberían, por ejemplo, las grandes empresas de bebidas azucaradas, o de golosinas, hacerse responsables de la obesidad o la diabetes infantil? 

Leyes como estas ponen al consumo  en el centro del debate, un consumo que necesita derechos para ser responsable, un consumo que se está empoderando, se cuestiona, se organiza en cientos de redes de comercio justo y descubre su poder.

Vivimos en una economía de mercado que en gran parte se mueve con el motor del consumo, un campo que hoy constituye un lugar de disputa, ¿y por qué no un Talón de Aquiles?

*Coordinadora de Asesoramiento en Gestión a Unidades Productivas (Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), Coordinadora Nacional de Mercados de Cercanía (SES-MDSN) y Referenta del Frente Popular Darío Santillán.

Editor Ansol

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