*Por Alberto Bavestrello

En la columna de la semana pasada remarcamos la necesidad de fomentar, en principio, la inclusión social y después la inclusión financiera. En este punto entra en juego el rol del Banco Central en la necesidad de aportar a la economía real y su desarrollo mediante el otorgamiento de créditos al sector productivo y a las personas humanas. 

En este sentido y teniendo en cuenta que en nuestro país el sistema financiero solo otorga el 9% de nuestro PBI, como créditos a la economía real, tenemos entonces que una gran limitante tanto para las empresas como para los individuos que buscan financiamiento, es básicamente la pequeña dimensión de nuestro sistema bancario. Que dicho sea de paso es de los más pequeños a nivel mundial.

Los bancos, que conforman el sistema financiero cuentan con el fondeo de los depósitos del público, entre ellos los depósitos a la vista que no devengan intereses para el que deposita y por ende el costo de ese fondeo, medido en tasa de interés es “cero” y eso debería favorecer mucho en la determinación de la tasa de un préstamo, ya que estos recursos representan más del 50% del total de los depósitos.

Por otra parte, el sistema financiero del total de sus activos (110 mil millones de dólares a fines del 2020), coloca mediante asistencia crediticia en el sector privado solo el 33% de esos activos. El resto está en gran medida para cubrir los encajes sobre el efectivo mínimo y una gran parte en inversiones en títulos, tanto privados como públicos.

Esta diferencia en el fondeo si lo comparamos con una cooperativa de crédito, que no cuenta con esas posibilidades, hace que existan asimetrías importantes en el análisis comparativo, lo que es potenciado por la baja posibilidad de apalancamiento que pueden tener estas entidades.

En nuestro caso, el de las cooperativas, el total de activos que manejan cuyo origen principalmente es el capital propio (de los asociados), es volcado a préstamos, porque esa es su función principal, asistir a sus asociados.

Por otra parte, los bancos se encargan de la administración mediante el pago de sueldos a los empleados bajo relación de dependencia; el banco con esta ventaja competitiva lo primero que hace es bridar otorgamiento de créditos a las personas cuyas cuentas y fondos están cautivos y cuando esta cobra el sueldo, la entidad financiera retiene en el momento de acreditar el mismo la cuota del préstamo (por lo que en estos casos la cobranza y el recupero del crédito son automáticos). Esto no se debe dejar de lado cuando se analiza una cartera de préstamos a individuos que es administrada por una entidad financiera.

Dicho esquema lo repiten los bancos cuando tienen a jubilados como clientes que cobran sus haberes en cuentas radicadas dichos bancos; al recibir los fondos y al depositarlos (ANSES) en las cuentas cobran anticipadamente la cuota de los créditos que pudieron otorgarles y luego dejan a disposición el resto de los haberes jubilatorios.

A principios del 2020 con la llegada de la pandemia se dieron muchas irregularidades en el sistema de cobranzas y muchos de ellos utilizaron la plata de los jubilados, otorgada por el Estado mediante asistencias extraordinarias para compensar las dificultades que atravesaban por sus bajos ingresos y los altos niveles de pobreza y usaron esas mismas acreditaciones (extraordinarias) para cobrar cuotas atrasadas o impagos por imposibilidad de retenciones en exceso a los límites regulatorios fijados.

Las cooperativas que asisten mediante asistencias a asociados, utilizando el uso del CBU para la cobranza de los créditos a cada asociado, no podrían hacerlo ya que no contaban con la posibilidad primaria de retención que la entidad financiera tenia. 

Esto llevó a que, dicho mal uso de los débitos en cuenta para cobro de préstamos, fueran cancelados por el BCRA, pero se incluyó a las entidades que utilizaban el débito directo (DEBIN) para el pago de las cuotas de sus préstamos.  Para ello emitió la Com. “A” 6909, eliminando la posibilidad que las cooperativas y mutuales tenían, para realizar en forma periódica las cobranzas, haciendo que el recupero de los créditos pase a ser de una mayor complejidad y dificultad dejando de lado la posibilidad de utilizar canales virtuales de cobranza, desmejorando de esta forma la calidad del crédito, obligando a implementar nuevos sistemas para el recupero de los créditos.  Todo esto (en medio de la crisis) sin ninguna duda tuvo un impacto negativo en el costo de los créditos, por el mayor trabajo administrativo y por las mayores posibilidades de irrecuperabilidad.

¿Qué necesitamos desde el sector?

Tratar de que esta concentración excesiva tanto de la riqueza como del sistema financiero, sea volcada hacia las regiones con potencial de desarrollo para que ello vuelva, como décadas atrás, a ser un círculo virtuoso. 

El INAES trabaja en esto y del sector debemos acompañar para que el círculo sea cada vez más grande y al proponerlo desde el cooperativismo y mutualismo conjuntamente hagamos que además sea más virtuoso.

Editor Ansol

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