Las cooperativas piden que se debata en el Congreso una modificación de la ley sobre accidentes de trabajo para incluir a trabajadores de esas empresas solidarias en el régimen de ART.

7 de abril de 2021, CABA (Ansol).-La confederación Conarcoop solicitó que se contemple a sus asociados como sujetos de cobertura de las ART mediante una modificación, en el Congreso de la Nación, de la Ley 24.557, con el fin de equiparar la situación de los trabajadores autogestionados y de aquellos bajo relación de dependencia.

Desde las cooperativas sostienen que, al no poder acceder a la ART, deben contratar seguros privados por accidentes personales, que son más caros y, al no haber relación de dependencia, no se pagan los días caídos para los asociados que, por una enfermedad o accidente, no pueden ir a cumplir sus tareas. 

De concretarse este cambio en la norma, se estima que el beneficio llegaría a  las casi 8000 cooperativas de trabajo y sus aproximadamente 300 mil trabajadores de todo el territorio nacional. De esta manera, las agrupaciones lograrían ingresar en un sistema especializado y uniforme, ahorrar costos de contratación y obtener una mayor cobertura de los riesgos.

El abogado y director de la Cátedra de Fábricas Recuperadas de la UNLP Marcelo Amodio resaltó ante ANSOL que desde el año 2013 a partir de lo establecido en la resolución 4664 INAES, los entes cooperativos están obligados por la ley 24.557, a contratar una ART y contar con dicho seguro, y las ART tienen la obligación de aceptar las cooperativas de trabajadores.

“Debe tenerse especialmente en cuenta que, si bien la relación entre un asociado y la cooperativa en la que trabaja no es una relación de dependencia incluida inicialmente en la Ley de Riesgos de Trabajo faculta al Poder Ejecutivo nacional a incluir bajo su órbita a los trabajadores vinculados por relaciones no laborales.

“Entonces, el marco legal existe desde hace más de 10 años y los jueces, al momento que un asociado de una cooperativa reclama por una enfermedad o un accidente, entienden que la cooperativa tiene que responder dinerariamente. Esto es una gran solución en casos graves, pues introduce al trabajador cooperativista dentro de la ley, permitiendo acceder (en caso que la cooperativa no pueda afrontar el pago de una indemnización muy elevada) al fondo de garantías del Estado, que cubre este tipo de situaciones”, explicó.

Sin embargo, agregó que el fuerte lobby de las ART, las empresas de seguros con más ganancias del mercado, lograron que se sancionaran las leyes 26.773 en 2012 y la 27.348 en 2017, que atentaron contra los derechos de los trabajadores. 

“La ley 27.348 es definitivamente aún más regresiva que las anteriores modificaciones y no soluciona la problemática real, la salud laboral y la atención a los damnificados. Sancionada sobre la base de un inconstitucional DNU posibilita la impunidad de los dañantes y obstaculiza el acceso a la justicia de los trabajadores, reinstala la imposición a los trabajadores de recurrir a las Comisiones Médicas como instancia previa, excluyente y obligatoria y le otorga carácter de cosa juzgada a una resolución administrativa”.

Así, al día de hoy, las personas asociadas a cooperativas de trabajo siguen sin poder contar con un seguro de riesgos laborales. 

Para él, una solución normativa debe llegar de la mano de un subsidio estatal o de la posibilidad de reducir drásticamente los valores de los seguros para que las cooperativas puedan acceder al mismo.

Editor Ansol

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