*Ana Laura López

Una vez lograda la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009, diversas han sido las batallas que desde el campo de la comunicación popular se han librado en pos de lograr que el fin principal de esa ley se cumpliera: garantizar el derecho a la comunicación, a la información, la federalización y la pluralidad.

Para el cooperativismo y el sector de los medios comunitarios, la LSCA significó una victoria tras largas décadas de pelearla para eliminar la Ley de Radiodifusión de la dictadura; también supuso la posibilidad de acceder a licencias, a líneas de financiamiento y fomento, a que un 33% del espectro se reservase para este sector y la esperanza de ponerle coto a la concentración mediática. Como ya se sabe, de la ley al hecho hay un largo trecho y con el gobierno de Mauricio Macri talando artículos fundamentales de la legislación desde el día uno de su gestión, la cuestión sufrió un enorme retroceso.

La devastadora situación en la que quedó el país tras el gobierno de Cambiemos y la inmediata pandemia mundial dejaron en claro una vez más que son los medios comunitarios, cooperativos los que ponen el cuerpo por las causas populares pese a los contextos. Por lo tanto, hablar de la sostenibilidad de estos espacios se vuelve indispensable porque (como dice el slogan) “sin medios comunitarios no hay democracia”.

En ese sentido, diferentes espacios sindicales y redes de la comunicación se aliaron para impulsar un reclamo fundamental en ese punto: una ley que garantice la democratización y federalización de la pauta publicitaria oficial. En ese espacio se reúnen: FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), FADICCRA (federación que reúne a periódicos y comunicadores cooperatives); ARECIA (revistas culturales); CONTA (televisoras alternativas); la Red de Medios Digitales; medios de prensa recuperados como El Ciudadano de Rosario y Tiempo Argentino de la Ciudad de Buenos Aires; la federación nacional que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de prensa FATPREN, y sindicatos como Canillitas y Federación Gráfica Bonaerense.

Lo que se propone es que los criterios de distribución de la pauta se apliquen en base a la transparencia, equidad, la generación de trabajo, la producción local, que sea federal, y que desde el Estado se evite el creciente proceso de concentración de la comunicación, entre otros puntos. Los montos publicitarios que reciben los medios hegemónicos por parte del Estado son exorbitantes y de esa torta, la porción que reciben los comunitarios y pymes es infinitamente menor, lo que afecta las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de proyectos que gestionan medios de calidad, con incidencia real en cada comunidad y que generan puestos de trabajo genuinos.

Cuando hablamos de pauta oficial, hablamos de “acciones tendientes a difundir las políticas de Estado, promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas y promover la participación ciudadana, los Derechos Humanos, la diversidad de culturas locales y regionales, la cultura nacional y los valores democrático”. Se trata de dineros públicos que, hoy y siempre, se repartieron discrecionalmente y además de manera concentrada geográficamente ya que (según datos brindados por la Secretaría de Medios de la Nación) más del 75% de la pauta nacional se concentra en medios de Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que desde esa misma secretaría también se adelantó que está en agenda debatir un Proyecto de Ley sobre el tema.

Ante esto, el grupo de redes y sindicatos mencionados, elaboró un documento con 12 puntos que aportan al debate de una futura ley[1]. El punto 3 destaca un eje importante: “(…) la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicio a clientes o consumidores. La publicidad comercial tiene un objetivo muy concreto: promover el consumo de un bien o servicio (…) En el caso de la Publicidad Oficial la perspectiva es distinta: el Estado no se dirige a un consumidor, sino a ciudadanos/as. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos/as. En otras palabras: La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del Gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas (…)”.

El sector celebró cuando el presidente Alberto Fernández anunció la disposición de que la publicidad del Estado sea para instituciones periodísticas y ya no para periodistas individuales, un primer paso importante en ese camino. Como también en materia de derecho a la comunicación, es un enorme avance el DNU 690/2020 que declara servicio público a la telefonía celular (Móvil y fija), los servicios de internet y la televisión paga.

Es por esto que – en el camino por democratizar las comunicaciones y el mapa de medios- se vuelve fundamental y urgente cambiar el paradigma de la distribución de la pauta nacional, provincial y municipal. Y de esta manera también, fortalecer la comunicación federal y comunitaria que disputa – de manera desigual ante los grandes conglomerados de medios concentrados- esa agenda popular que defiende y sostiene desde hace décadas pese a cualquier contexto.


*Comunicadora, integrante del Instituto Universitario de la Cooperación (IUCOOP), Idelcoop, Dpto de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Mesa Nacional de FARCO.

[1] Propuesta para federalizar y democratizar la distribución de la pauta publicitaria oficial: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuC6Y_cIbMuHPLAd1_tU86xV226iAVrXxbQmppXZMiiEL2rw/viewform allí se puede acceder al comunicado y adherir con la firma.

Editor Ansol

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