* Por Claudia De Lisio

El tema elegido por la ONU para el 8M está en consonancia con el eje que se abordará durante el 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.

La Comisión reconoce la necesidad de implementar los compromisos y las normas internacionales y nacionales, crear entornos y sistemas institucionales más propicios, eliminar la violencia contra las mujeres en la vida pública, y fortalecer la voz, la participación y el liderazgo de las mujeres que se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, para alcanzar la igualdad en la participación y toma de decisiones.

En nuestro país, las políticas de igualdad de género ocupan un lugar prioritario de la agenda pública, donde convergen la larga y tenaz lucha del movimiento de mujeres y feministas junto a los colectivos de la diversidad sexual y una fuerte decisión política del gobierno.

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad plantea enormes desafíos puesto que no se trata sólo de una nueva estructura administrativa sino de una nueva cuestión, un nuevo problema que el gobierno decidió convertir en política pública y que, además, decidió transversalizar en sus diferentes ministerios, programas y proyectos.

Asociado a lo anterior, en las últimas décadas, hubo importantes avances en materia de derecho de las mujeres, las diversidades sexuales y de género, que recogen los compromisos asumidos en los acuerdos, tratados y declaraciones regionales e internacionales.

Pero sin desconocer la importancia de los textos legales, es necesario también atender a los distintos factores que generan desigualdades de género. Por consiguiente, no puede perderse de vista la relación y la brecha existente entre los preceptos normativos y la realidad en la cual son aplicados. 

Para que la igualdad jurídica se transforme en igualdad efectiva es necesario transformar las prácticas sociales y en este punto, las organizaciones de la Economía Social y Solidaria tienen mucho para aportar.

*Abogada. Docente Curso Géneros en movimiento - IUCOOP 

Editor Ansol

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