Lo afirmó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. De su cartera depende la integración de barrios populares de todo el país.

16 de diciembre de 2020, CABA (Ansol).- El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, firmó esta tarde dos convenios marco para la urbanización de barrios populares con los gobernadores Rodolfo Suárez (Mendoza) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) que permitirán iniciar mejoras en barrios que no cuentan con servicios básicos. 

«Comenzamos con tres tareas: urbanizar, que es abrir calles, que es espacio público; luego el mejoramiento de viviendas, con núcleos húmedos, cocina y baño y la piecita de atrás para resolver el problema de hacinamiento; y finalmente lotes con servicios», indicó Arroyo.

De la firma del primer acuerdo, que se hizo en forma presencial, participó además el ministro de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza, Mario Isgro. Las autoridades de esa provincia definieron que los trabajados del programa nacional “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”, comenzarán en nueve barrios: Luz de Vida y Estación Buena Nueva, de Guaymallén; Don Bosco y Nueva Esperanza, de Las Heras; Belgrano, La Soledad, Loteo Mursi y Loteo Olivia, de Lavalle; y Unidos por una Esperanza, de Maipú.

En tanto, por medio de una videoconferencia, Arroyo también suscribió un acuerdo con el gobernador Oscar Herrera Ahuad para avanzar con obras de integración sociourbana en Misiones. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en esa provincia del norte argentino existen 268 barrios emergentes en los que viven unas 50 mil personas en total. En la firma participó la ministra provincial Benilda Dammer.

Estos convenios tienen como objetivo principal el financiamiento de proyectos para la formulación, elaboración e implementación de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el RENABAP y la ejecución de proyectos de obras tempranas. Los trabajos deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.

Este conjunto de acciones tiene como meta el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. Dichas acciones buscan ser integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.

La financiación de esas obras se hace a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que fue firmado el 11 de noviembre pasado. Cuenta con recursos por alrededor de 11.000 millones de pesos, que fueron recaudados mediante el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS). Se prevé que un tercio de esos fondos serán destinados a la creación de lotes con servicios, y el resto para la urbanización de los barrios que ya fueron registrados.

Además, el fondo puede nutrirse de aportes del Tesoro Nacional que le sean asignados por la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, y donaciones, entre otros.

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Editor Ansol

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