*Julia Cófreces

El proyecto de ley de economía social y popular representa un hecho trascendental en la intención de reconocer derechos para un sector al que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires históricamente le dio la espalda. En una primera aproximación, la ley parecería saldar la falta de una política pública específica para el mundo de la economía social, tras haber atravesado un año crítico sin haber recibido ni una sola medida por parte del distrito más rico del país. Sin embargo, y haciendo un análisis más detallado, surgen algunos aspectos cuestionables que, desde la visión de las organizaciones que conformamos el sector, pretendemos clarificar y modificar para alcanzar una ley acorde a nuestra realidad y a nuestras necesidades.

En primer lugar, el proyecto pretende sintetizar un universo de por sí heterogéneo. Dentro de la economía social y popular conviven: empresas recuperadas, cooperativas conformadas como respuesta a la falta de empleo y de inclusión socio-laboral de sectores vulnerados, casos de profesionales (diseñadorxs, informáticxs, abogadxs, etc.) que optan por el cooperativismo como una alternativa de organización laboral, experiencias con decenas de trabajadorxs y con escalas de producción y facturación comparables a las pymes, pequeños talleres de cuatro o cinco personas que no pueden generar el ingreso de un salario mínimo vital y móvil, entre otras. Todxs quienes participamos en esta diversidad de unidades productivas nos identificamos con la economía social y popular. Sin embargo, el proyecto la define como un “conjunto de actividades de producción y reproducción que ejerce una población en situación de vulnerabilidad económica y/o social para generar las bases materiales de realización de sus necesidades”. Se trata de una definición parcial que no sólo desconoce el resto del universo de la economía social, sino que se posiciona desde la carencia y no desde la potencialidad del sector, que reside en la organización colectiva y autogestionada del trabajo para la realización de sus necesidades, independientemente de su escala o situación socioeconómica.

El proyecto propone tres herramientas para fortalecer el sector: la creación del Registro Único de Unidades Productivas; el fomento de líneas de crédito del Banco Ciudad para fomentar la participación en las compras públicas; y la conformación de un fondo fiduciario con financiamiento público-privado para el desarrollo de proyectos productivos (FONDEPyS). En relación a este último, desde las organizaciones vemos con preocupación que tanto la dirección como los ámbitos de gestión y decisión sobre los destinos de los fondos (constituidos y nombrados por los fiduciantes y el GCBA), no contemplen la participación ni de miembros de la oposición de la legislatura ni tampoco de las organizaciones de la economía social y popular, quienes mejor conocemos las necesidades de nuestro sector. A su vez, el proyecto tampoco define el presupuesto que se destinará desde el GCBA para el financiamiento del FONDEPyS. Esta falta de precisiones conlleva el riesgo de que el fondo se convierta en una cáscara vacía. Esta preocupación no es infundada si vemos que en 2019 el presupuesto de la Dirección de Economía Social de la Ciudad no llegó ni al 2% del total del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

A pesar de las buenas intenciones de la ley, el proyecto político del GCBA dista muchísimo de incluir al sector de la economía social y popular como un actor económico para el desarrollo laboral y productivo de la Ciudad. Las políticas de empleo siguen privilegiando el emprendedurismo y la meritocracia como modelo de bienestar económico. En este contexto, una ley que reconozca el trabajo de las cooperativas, de la economía social y popular, es un punto de partida, pero si no se lo acompaña de un proyecto político que apunte a una verdadera integración de este sector con el ecosistema económico y productivo de la ciudad, no será más que letra vacía.

*Secretaria de la Federación Fedecaba

Editor Ansol

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