La ley de promoción de economía social y popular logró dictamen en la legislatura porteña y será votada la semana que viene. Las organizaciones del sector le dan apoyo pero piden más participación. 

27 de noviembre de 2020, CABA (Ansol).- Este mediodía tuvo dictamen en la comisión de Desarrollo Económico y Políticas de Empleo de la legislatura porteña el proyecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Promoción y Fortalecimiento de la Economía Popular y Social.

Se trata del expediente 2463-J-2020 de autoría del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que crearía la primera ley del sector en 25 años de historia del distrito porteño. 

En diálogo con ANSOL, el presidente de la comisión y legislador del bloque UCR-Evolución Marcelo Guouman expresó: “Vamos al recinto antes de que se termine el año, la ley intenta construir herramientas como un fideicomiso, líneas de crédito para apoyar iniciativas de la economía social, buscando formalización. Vamos a realizar aportes pero nos parece una buena iniciativa”. Según trascendidos, el proyecto se convertiría en ley el próximo jueves 3 de diciembre, en la anteúltima sesión del año. 

La ley establece distintas cuestiones, como son la creación de la categoría de Unidad Productiva de la Economía Social y Popular y la creación de un Registro Único para estas unidades -más allá del RIUPP, que es el registro de proveedores estatales en la ciudad-.

Además, se establece un fomento al crédito del Banco Ciudad y el Fondepys (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Popular y Social) que será controlado por los fiduciantes y funcionarios del GCBA. 

La mirada de la oposición 

Si bien se descuenta la aprobación de la iniciativa cuando llegue al recinto, aunque quizá con mínimas modificaciones como el control de la Auditoría porteña, desde la oposición con el bloque del Frente de Todos a la cabeza, se debate la estrategia a adoptar.

El legislador de ese espacio Matías Barroetaveña comentó en diálogo con nuestra agencia: “Es importante que se esté discutiendo una ley sobre un sector tan importante en nuestra Ciudad, con sus gráficas, sus restaurantes, sus empresas textiles, de comunicación, su importancia en el sector del reciclado, etc. Ahora, más trascendente es que se le de presupuesto. El vigente para 2021 de la Ciudad es de 600 mil millones de pesos, ¿cuánto va a ir para el fondo fiduciario como aporte estatal?”.

A modo de ejemplo, expresó la situación con los comedores escolares, “los cuales tuvieron asignados 5.000 millones de pesos este año para proveedores, y muy pero muy poco fue para el sector cooperativo. Esto es un error estratégico porque es un sector que puede aportar a resolver el problema de desigualdad del mercado laboral en la Ciudad”. 

El problema de la falta de presupuesto para el sector en el distrito con PBI per cápita más alto del país es contundente: en 2019, la Dirección General de Economía Social recibió apenas el 1,3% del total asignado al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 

Por su parte, el diputado miembro de la comisión y representante del bloque Consenso Federal, Eugenio Casielles, resaltó la importancia de “brindar soluciones que apoyen la producción local. La Ciudad tiene una disparidad muy grande: el ingreso promedio de la Comuna 14 es 154% mayor al de la Comuna 8”. 

Un apoyo crítico desde el sector     

ANSOL dialogó con diferentes referentes del sector para conocer su mirada sobre el proyecto y su debate.

La secretaria de la Federación de Cooperativas y Autogestionadas de Buenos Aires (Fedecaba), Julia Cófreces, manifestó: “Es importante este debate porque en este año de crisis profunda y emergencia sanitaria no hemos recibido ninguna política específica por parte del Gobierno de la Ciudad”.

Y agregó algunas objeciones a la iniciativa oficial: “Las distintas expresiones de la Economía Social debemos ser parte del Comité Ejecutivo y de la decisión sobre el uso del Fondepys, pero ninguna de las dos cosas está contemplada inicialmente en el proyecto, así como nos siguen enmarcando en Desarrollo Social cuando el INAES a nivel nacional ya está en Desarrollo productivo. Hay que cambiar eso”.

Sumado a esta situación, el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), Federico Tonarelli, agregó el peligro de limitar el alcance de las políticas a organizaciones con “vulnerabilidad social” o establecer “márgenes muy acotados” como el que plantea el alcance de los beneficios para trabajadores inscriptos hasta la categoría “D” del monotributo.

“Si están pensando en microemprendimientos de 2, 3 personas, se van a quedar cortos. Tenemos cooperativas en la federación como Lácteos La Ciudad, La Litoraleña, Mundo Nuevo, La Cacerola, el mismo Hotel Bauen que tienen entre 50 y 60 trabajadores y facturan millones de pesos al mes. Para que se vean beneficiadas, necesitamos líneas de crédito del Ciudad que superen la media de lo que se conoce como un micro o meso crédito”, completó. 

No es el único el proyecto del oficialismo que se incorporó en el debate de la comisión, también estuvo -entre otros seis- el de creación de un Instituto local de Promoción cooperativa, de la diputada María Rosa Muiños.

En relación a esto, Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), planteó el apoyo de su organización al mismo y las críticas al oficial: “El de Muiños tiene otro espíritu. Nosotros queremos ser actores de consulta de todo esto, sino ¿cuál es el parámetro con el que se define la vulnerabilidad social de la que se habla en el proyecto. Hay una mirada compleja que equipara y no discrimina bien a un mantero, un feriante o un asociado o asociada a una cooperativa”.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente. 

rf

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