Lo reafirmó la UTT en el marco del encuentro Habitar y trabajar la tierra promovido por el INAES en donde se cuestionó la concentración demográfica, la falta de mano de obra en el campo y el régimen de inquilinato rural.

18 de noviembre de 2020, CABA (Ansol).- El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) promovió un nuevo conversatorio en el marco de la serie Construyendo Colectivamente. En esta oportunidad fue Habitar y trabajar la tierra, en el que se encontraron, entre otros, Oscar Balestieri, Secretario Comisión de Hábitat y Vivienda del Inaes; Marina Joski, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Nahuel Levaggi, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); Juan Manuel Rossi, de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

Debates sobre el campo

El encuentro repasó las distintas experiencias y debates que se están dando en la ruralidad. Al respecto, Levaggi de UTT afirmó: “Nos venimos planteando una solución para los productores que trabajan en los cordones hortícolas que no son dueños de esas tierras. ¿Por qué en vez de pagar el alquiler, esos trabajadores no pueden tomar un crédito para comprar la tierra e ir cancelando las cuotas? Son un sujeto productor, tienen poder económico real. El problema es la precarización”.

A partir de su gestión al frente del Mercado Central de Buenos Aires, Levaggi viene buscando soluciones a las demandas de los productores que critican el modelo de agronegocios. “La diferencia es que donde el capital ve negocios, propiedad privada y mercancías, nosotros vemos derechos y una función social que debe ser cumplida. Para profundizar nuestro rol, necesitamos un Procrear rural”.

Inquilinato rural

Por su parte, Rossi de Fecofe analizó los problemas del arrendamiento rural y el inquilinato: “Tenemos en nuestra historia el antecedente de la Ley 13246 del gobierno peronista que reguló los arrendamientos, y a partir de allí, se sumaron 100 mil nuevos chacareros a trabajar la tierra. Eso se revirtió con gobiernos conservadores y desde la dictadura del ’76”.

La consecuencia directa de esto es la imposibilidad de poder competir para los chacareros con los pooles de siembra: “Es muy desigual. Las tierras se alquilan con contrato anual, cosecha tras cosecha, perjudicando a los chacareros. Hoy los propietarios de las tierras han dejado de trabajarlas, solo viven de la renta extraordinaria que les otorga”.

Marcha al Campo y nueva Constitución

Además, el problema demográfico revela un gran conflicto a atender es la concentración demográfica en áreas urbanas. “Vivimos en un país agropecuario y solamente el 7% es población rural. La tierra, encima, sigue siendo pensada como inversión y no como función social. Son grandes contradicciones que deben ser resueltas. Con esa vieja ley, se crearon colonias agrícolas en el interior del país: era una población activa, trabajando y viviendo la tierra, en una economía virtuosa. Hoy, un equipo de cinco personas trabaja miles de hectáreas”, reflexionó Rossi.

Y luego punteó la agenda pendiente del ruralismo: créditos para el acceso a la tierra, tierras fiscales a disposición de la agricultura familiar, un Estado presente y un organismo que sea capaz de observar esta realidad, de diagnosticarla y regularla.

Finalmente, Barcesat planteó la necesidad de inscribir estos cambios en una nueva Constitución: “El pueblo tiene que apropiarse de la herramienta jurídica, para poder plantearse un proceso de liberación nacional, social, y también individual. Si hay que trabajar en generar accesos, es porque nos encontramos frente a una situación de desposesión en relación a ciertos derechos básicos como la vivienda digna, el agua y el alimento. El Estado debe ser garante de que ese acceso se cumpla para todos”.

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rf

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