*Leo Chiesa

En nuestro país, la Convención constituyente del año 1994 en su artículo 129 estableció un régimen de Gobierno Autónomo para la Ciudad de Buenos Aires. En el año 1996 se aprobó la Constitución de la C.A.B.A., la cual establece en su Artículo 48: “Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la Justicia Social… Promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de Economía Social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia técnica y financiera”.

Por otro lado, según la última Actualización Nacional de Datos del mes junio de 2019 realizada por el INAES, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consta con al menos 1122 cooperativas y 557 mutuales, que han realizado la encuesta correspondiente, ciertamente un número alejado que no representa a la totalidad de experiencias de la Economía Popular y otro tipo de entidades de rasgos autogestivos.

Una oportunidad histórica se avecina, por iniciativa del Poder Ejecutivo de la CABA, el 21 de octubre se presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que tiene por deseo la promoción y el fortalecimiento de la Economía Popular y Social, para ello define al sector comprendido como “el Conjunto de actividades de producción y reproducción que ejerce una población en situación de vulnerabilidad económica y/o social”, y que “realice actividades de interés económico y social, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo” Entendiéndose así una visión restringida, una parte del universo de entidades que habitan en nuestra ciudad, para ello, se propone la creación de un registro que aglutine a las Unidades Productivas con miras en acceder a los instrumentos creados por la misma ley.

Como primer instrumento, la intención de la creación de un Programa de líneas de crédito del Banco Ciudad, sin mucha más especificad, de montos, plazos, intereses y demás elementos, cierto es que la entidad bancaria estatal no es la elegida por las entidades de la ESPS, por su dificultad administrativa, entre otros elementos.

La segunda herramienta comprende la creación de un Fondo Fiduciario público-privado denominado Fondepys, administrado por un Comité Ejecutivo integrado solo por representantes de los Fiduciantes (aportantes Públicos y Privados), es decir, las empresas privadas que deseen aportar e integrantes del Gobierno de la Ciudad, quienes designaran un Consejo Asesor que estará compuesto por referentes “idóneos, imparciales y sin interés político”, interviniendo en la evaluación y filtro de los destinatarios, planteándose así una herramienta pensada para un sector determinado, sin representación de los actores en los órganos de decisión.

Estamos frente a un contexto desafiante que nos interpela en la construcción de normas que entiendan a la Economía Social y Popular, no solo como una rueda de auxilio para contextos de crisis económica. Es necesario repensar las relaciones sociales en su interacción con el Gobierno de la Ciudad, en esta nueva normalidad, un escenario que requiere a las organizaciones de la ESPS trabajar en conjunto, dejando de lado las diferencias que existan, con el objeto de armonizar las distintas iniciativas legislativas, la representatividad del sector y herramientas adecuadas que nos permitan seguir trabajando por una Ciudad más justa, socialmente integrada y con Justicia Social, como establece el espíritu de nuestra Carta Magna.

*Trabajando por la Economía Social (TES)

Editor Ansol

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