Así lo afirma Antonella Chavez, integrante de la Cooperativa Isla Esperanza, organización que resiste los incendios que ya consumieron más de 200.000 hectáreas en el Delta. Los intereses detrás del ecocidio y la pugna de dos modelos de desarrollo.

3 de septiembre de 2020, CABA (Ansol).- Hace más de cinco meses se suceden incendios en el Delta, una de las seis regiones de humedales de la República Argentina. Los mismos constituyen un ecosistema híbrido entre el terrestre y acuático, y representan 600.000 kilómetros cuadrados -entre el 21 y 25% del territorio nacional- según diferentes estimaciones. Los restantes se hallan en Chaco, la zona de las Pampas, Patagonia, la Puna y la Zona Costera Patagónica. 

Tras meses de ecocidio, polémica y denuncias cruzadas, el Ministerio de Ambiente conducido por Juan Cabandié, y el Parlamento argentino, tomaron cartas en el asunto.

Este último comenzó en comisiones de la Cámara de Diputados el abordaje de los seis proyectos de ley presentados hasta el momento sobre esta temática; los hay del Frente de Todos, PRO, UCR, Coalición Cívica y del Partido Socialista. Las diferencias van desde las multas económicas para los autores de los incendios, hasta el tipo de inventario de humedales o la segmentación de zonas a crear.

A los problema históricos se le suma el avance de incendios, que ya se llevaron puestas cientos de miles de hectáreas. Desde ahí, como MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena), que estamos en las islas y defendemos este modo de vida contra la empresa que desalojó a las familias

Diego Domínguez. MNCI

Dadas las circunstancias y la magnitud de la catástrofe natural, hay indicios para creer que la iniciativa legislativa esta vez no quedará frustrada como en 2013, 2015 y 2018. Entre otras cosas, en la presentación de los expertos en la comisión, se resaltó la coincidencia en que, si bien, el artículo 124 de la Constitución Nacional le da a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en sus territorios, es viable la garantía de una legislación nacional de protección como en los casos de la Ley de Bosques o de Glaciares. 

Una esperanza que asoma

 “Somos isleños e isleñas, vivimos en el Delta del Paraná, en las últimas islas frente a Tigre y San Fernando, a poca distancia del Rio de la Plata. Estamos organizados y organizadas en una institución que nació -hace más de diez años- de nuestra resistencia frente a la empresa Colony Park que quiso desalojar violentamente a familias isleñas y destruir el humedal y las islas entre los célebres arroyos Anguilas y Paloma. Esta empresa, logro acceder al título de propiedad de una zona contra toda ley, usos y costumbres, declarada reserva natural en varias oportunidades, pero sobre todo logro tener ‘papeles’ sobre islas aluvionales, humedales deltaicos, porción de una cuenca internacional, que legalmente pertenece al dominio público de la nación argentina, y deberían permanecer como bienes comunes de la naturaleza bajo la posesión comunitaria isleña”

Así comienza la carta que la Cooperativa Isla Esperanza, nacida en 2010, y compuesta por trabajadores y trabajadoras representantes del Arroyo Anguilas y Paloma de la 1ra Sección Islas del Delta del Paraná, le envía al pleno del Poder Legislativo argentino. 

En su presentación, la Cooperativa se enorgullece de visibilizar entre sus instalaciones un merendero, un galpón comunitario, el Observatorio de Humedales del Delta, un apiario, canchas de junco y dos huertas comunitarias. La conservación de la flora y fauna; la producción de alimentos de huertas, chacras y frutales; y el sostenimiento económico a partir de actividades como la recolección de juncos, cestería, plantación de madera y pesca son parte de la carta de presentación de esta unidad autogestiva. 

Su síndico, Diego Domínguez, explicó a ANSOL: “A los problema históricos se le suma el avance de incendios, que ya se llevaron puestas cientos de miles de hectáreas. Desde ahí, como MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena), que estamos en las islas y defendemos este modo de vida contra la empresa que desalojó a las familias”. Además, aseguró en función de la disputa Ecología-Economía que “hay que desterrar eso de que lo que se discute es el cuidado del ambiente ó promover la economía, eso es mentira. En su parte es una confesión: no pueden producir sin destruir el ambiente. De un lado está el agronegocio y los sojeros y ganaderos, pero también los areneros vinculados al fracking, los sectores vinculados a la Hidrovía que quieren tener los canales por agua para sacar toda la producción agropecuaria. Y del otro está la población local, lisa y llanamente. Necesitamos una ley que reconozca su posesión de algún modo: como dominio público, como propiedad comunitaria, etcétera”.

Sobre esta última cuestión, también se expide Antonella Chavez, otra integrante de la cooperativa: “Los junqueros y las junqueras son guardianes de esos espacios, así estamos resistiendo. La violencia más fuerte es no tener donde vivir. También tenemos una cooperativa de mujeres Las dulceras del Río; porque pensamos a la isla como medio productivo pero sin su explotación. Tendemos redes de comercialización y de venta a un precio justo. Es claro que el cuidado y defensa de los humedales es igual o más importante que el discurso ambientalista, ya que sin guardianes y guardianas no hay humedal. Garantizar el cuidado del lugar implica necesariamente defender la población que vive allí”.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente. 

sa

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