*Pedro Navaza y Liébana

En el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, las cooperativas de trabajo han quedado excluidas de la mayoría de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, al no encuadrarse como empleadoras y desarrollar el trabajo de forma asociativa. Mencionamos, para el caso, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y la línea de créditos a una tasa del 24% avaladas por el FOGAR, ambas medidas apuntadas a las empleadoras/es, excluyendo a las cooperativas de trabajo.

Si repasamos las medidas de asistencia que son aplicables a trabajadoras asociadas y trabajadores asociadosa cooperativas de trabajo, encontramos la línea I del Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo y el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos. Observamos que el abordaje decidido para el sector es el de asistir de manera individual a la asociada/o y no a la organización, siendo que ambas se tramitan y otorgan de manera personal. Esta situación no tiene en cuenta las necesidades de la entidad como conjunto y genera una desarticulación del colectivo.

Hay que contraponer ciertas novedades que han ido en sentido contrario, como lo fue el decreto de principios de año mediante el cual el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) es traspasado a la órbita del Ministerio de Producción. Esto, además de ser un reconocimiento del papel que juega el Cooperativismo dentro de la producción y el trabajo del país, fue la raíz por la que se gesta la primera medida de promoción en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que incluye a las Cooperativas de Trabajo: el crédito a tasa subsidiada del 18% que anuncio el Inaes en conjunto con el Banco Nación.

Desde la óptica estatal, el trabajo se desarrolla en relación de dependencia o de forma autónoma, no existiendo reconocimiento jurídico adecuado para quien realiza su trabajo como asociada o asociado a una cooperativa de trabajo, quedando encuadradas/os dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o Monotributo.

Si tuviéramos que pensar por donde arrancar a modificar este panorama, deberíamos tener presente que al día de hoy el único registro de personas que integran una cooperativa de trabajo es un libro en formato físico que posee cada entidad. Esto tiene dos implicancias: que sólo la propia cooperativa conoce quiénes integran su entidad en un momento determinado, es decir que el INAES, otros órganos estatales, bancos, etc., no lo saben y deben requerir copia del Registro; y que no se cuenta con una estadística oficial que permita conocer cuántas personas integran las entidades de la economía social, y en particular, cuántas personas trabajan de forma autogestionada integrando una cooperativa de trabajo.

Estas dificultades afectan la transparencia, entendiendo ésta como la capacidad de fiscalización por parte del Estado, pero también como la posibilidad de diseñar efectivas políticas de promoción, ya que no se conoce siquiera la magnitud de la población objetivo.

En este momento que volvemos a tener indicadores de actividad económica similares al 2001, hay que recordar que las Cooperativas han jugado un papel fundamental haciendo frente a las crisis, dado que son la herramienta que supieron construir las/os trabajadoras/es que buscaron asociarse para solucionar su fuente de trabajo. El Estado debiera tener en cuenta que todo peso que se invierta en promoción, las Cooperativas de Trabajo lo traducen en actividad económica, dado que forma parte de su objeto y hasta poseen limitada por ley la especulación financiera.


* Contador, Facultad de Ciencias Económicas, UNMDP; colaborador e investigador de Trabajando por la Economía Social Asociación Civil TES. Correo electrónico: pedronavaza@gmail.com

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