*Andrés Ruggeri

La paralización económica provocada por la emergencia sanitaria y la consecuente cuarentena afecta a todos los sectores de la economía, pero especialmente a los más postergados y precarizados. En el caso de la economía autogestionada, la situación es grave: sin movimiento económico, sin poder abrir las cooperativas salvo las de sectores esenciales y, en estos casos, con un mercado funcionando al mínimo, la amenaza del colapso se cierne cada vez más, lo que se hizo más visible a partir del hecho de que las distintas herramientas de asistencia estatal para atemperar los efectos del aislamiento social obligatorio no lograron casi alcanzar a todo el amplio y diverso espectro del trabajo autogestionado o lo hicieron en forma parcial.

El reclamo se fue haciendo notar en las últimas semanas, especialmente al comparar el caso de las grandes empresas que cobraron el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) para pagar el 50% de los sueldos, incluyendo a veces a los propios CEOs de las corporaciones (en un claro aprovechamiento de los huecos de una normativa de emergencia), con la lentitud, la parcialidad o la ausencia de esas herramientas para los trabajadores y trabajadoras de la autogestión. Solo una parte de los cooperativistas de trabajo pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), menos aún pudieron tomar los créditos a tasa 0 para monotributistas y ninguna cooperativa de trabajo pudo siquiera iniciar los trámites para los créditos destinados a pymes. En lugar del ATP, pensado exclusivamente para el trabajo en relación de dependencia, se intentó canalizar la situación a través de la Línea 1 del viejo Programa de Trabajo Autogestionado, arrasado por el macrismo, pero con serias limitaciones –tanto por los montos escasos como por los cruces con otros programas de asistencia– y una notoria e inevitable inadecuación de la estructura de un programa creado en otro momento y con otros fines para dar una respuesta urgente a casi 7000 cooperativas.

El gobierno pudo, en cambio, corregir la situación crediticia con la creación de una nueva línea, en condiciones más favorables que para las pymes, armada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación. Para ello se debió trabajar en un mecanismo que permitiera suplir algunos requisitos pensados solamente para el trabajo en relación de dependencia y construir condiciones especiales de “elegibilidad” para permitirle al Banco (el principal de la banca pública) otorgar los préstamos, subsidiar la tasa desde el ministerio y utilizar el Fondo de Garantías del Estado. De esta manera, se logró superar el ángulo muerto de la legislación que reconoce a las cooperativas de trabajo como asociaciones económicas pero no su objeto principal, que es el trabajo ejercido por sus miembros. Y acá llegamos al fondo de la cuestión: ¿hay que pensar en cada caso una forma específica que esquive las restricciones para el trabajo autogestionado si se lo quiere equiparar con formas de organización económica y laboral “normales” en una economía capitalista o, directamente (superada la emergencia) hay que encarar una normativa que le dé sustento jurídico de una vez por todas?

La Argentina cuenta con una ley de cooperativas creada hace casi medio siglo, para un cooperativismo muy distinto del actual. Las cooperativas de trabajo, figura adoptada por los trabajadores que recuperan empresas o se organizan colectivamente para tener los medios de vida que la destrucción neoliberal del trabajo formal viene negando en forma cada vez más notoria, no están casi definidas en esa ley. Una norma pensada en una época anterior al crecimiento exponencial que tuvo el trabajo autogestionado a partir de mediados de los 90 y, especialmente, del 2001. El Estado neoliberal encuadró a los trabajadores y trabajadoras de la autogestión en una figura tributaria, el monotributo, pero les negó los derechos laborales y de seguridad social del asalariado, en un contexto de destrucción del empleo formal. Esto fue funcional a numerosos fraudes empresarios y formas de tercerización y precarización laboral que se hacen usando la figura de la cooperativa de trabajo. Es por eso que, durante años, el INAES, la AFIP y otros organismos operaron como una especie de policía burocrática contra las cooperativas de trabajo en lugar de promoverlas como las organizaciones más genuinas de la autogestión y gran parte de los sindicatos las miran con la sospecha de que se trata de maniobras patronales y no, por caso, de los propios trabajadores organizados para salvar sus puestos de trabajo cuando los patrones los abandonan a su suerte. Esa deficiencia fundamental no fue corregida tampoco durante los gobiernos kirchneristas y, con el macrismo, hasta fue usada para justificar políticas agresivas contra la autogestión.

Es por eso que lo estratégico, la “madre de todas las batallas” para usar un lugar común, es legislar para que el trabajo autogestionado sea una real alternativa económica y productiva en lugar de luchar contra la corriente. Reconocerle a cada trabajador y trabajadora de la autogestión los mismos derechos que el asalariado y a las empresas autogestionadas las mismas oportunidades de producir, recibir crédito y financiamiento y capacidad de operar que una empresa de capital. Considerarlas como un sujeto estratégico creador de empleo y de políticas de desarrollo productivo y tecnológico es el objetivo. Pero, también, debemos reconocer las propias debilidades: las leyes y las políticas son resultado no solo de la justicia de un reclamo, sino también de la capacidad de presión y la correlación de fuerzas. Un movimiento dividido no tiene esa capacidad o es muy débil frente al lobby corporativo y empresario. No habrá política pública para la autogestión si no se consigue mostrar la potencialidad del trabajo autogestionado y, por sobre todas las cosas, la necesidad de adecuarlo para convertirlo en el instrumento estratégico para crear empleo y resolver la subsistencia de la clase trabajadora en un momento clave de la historia reciente, en que la pandemia está demostrando, a nivel mundial, la incapacidad del capitalismo actual para hacer un mundo vivible para todos sus habitantes.

*Director de la revista Autogestión para otra economía. Director del Programa Facultad Abierta. Secretario de Empresas Recuperadas en Fedecaba.

Editor Ansol

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