*Andrés Ruggeri

Respuesta al descargo del diputado Claudio Romero

No deja de ser un hecho saludable que Ansol haya dado espacio a la réplica del diputado del PRO Claudio Romero a mi nota del 13 de diciembre de 2019, en que analizo los últimos hechos persecutorios del macrismo contra las empresas recuperadas antes del cambio de gobierno, aunque estos se centraron en la Legislatura porteña. El diputado tilda de “ideológicamente sesgada” y “maliciosa” mi opinión, intentando descalificarla como si “lo ideológico” fuera algo reprobable y colocándose él, como suele hacer la derecha vergonzante de sus propios actos, fuera del sesgo ideológico. En cuanto a la malicia, no puedo opinar porque desconozco al personaje. Cabría preguntarse, en todo caso, que deberían decir los trabajadores de la cooperativa BAUEN ante la permanente agresión del sector político representado por el diputado Romero, pero no me corresponde a mí tomar su palabra.

El nudo de su descargo es decir que no afirmó lo que afirmó. Romero argumenta que nunca calificó de usurpadores a los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa sino que el inmueble “fue usurpado” (¿por quién?), y que la ley que impulsó vale tanto para la cooperativa como para la empresa que reclama la propiedad del hotel. Es decir, que la condonación del ABL es al inmueble y se beneficiará quien vaya a usufructuar el hotel. El argumento del diputado se responde con sus propias palabras. En la fundamentación del proyecto de ley que fue aprobado por la Legislatura porteña y al cual hago referencia en la nota, Claudio Romero escribe y firma (el facsímil está en la nota de Ansol que da cuenta de la resolución): “(…) debemos pensar en el dueño del inmueble que, como es de público conocimiento, no hace uso del mismo por un conflicto judicial que se dirime en la Justicia Federal. Considero impertinente que la persona cuyo inmueble fue usurpado, deba encima pagar los impuestos del mismo. El derecho a la propiedad es un principio inalterable de la vida democrática; si un ciudadano se ve impedido de ejercerlo, es menester que el cobro de los impuestos le sea condonado” (itálicas mías).

Romero dice que no habla de “usurpadores” pero dice que el inmueble “fue usurpado” y eso es lo que impide “al dueño” ejercer su derecho inalterable a la propiedad y esa, y no otra, es la razón por la que pide la condonación. Dicha imposibilidad de ejercer la propiedad del inmueble usurpado se dirime, agrega, en la Justicia federal. Por más malabarismos de la palabra que se quiera hacer, el conflicto por la propiedad del inmueble de Callao 360 es entre la empresa Mercoteles SA y la Cooperativa de Trabajo BAUEN Ltda., que lo ocupó en marzo de 2003 (no en 2001 como afirma el diputado, en ese año lo que se produjo fue el abandono patronal) para defender los puestos de trabajo perdidos debido al fraude del empresario que defiende. No hay otro conflicto, y en el marco de ese juicio se ha sentenciado el desalojo de la Cooperativa a favor de la empresa del ciudadano que se exime del pago de impuestos por un inmueble que no puede usar. Y el propio diputado Romero afirma que es porque ese inmueble fue “usurpado”. Y es lógico que se condona la deuda de un inmueble (¿qué otra cosa si no?), pero es el mismo diputado en su fundamentación el que habla de “un ciudadano que se ve impedido de ejercer” el “principio inalterable” de la propiedad privada. Se cae de maduro que, en ningún caso, le preocupa la cooperativa, sino el titular de la empresa Mercoteles, Hugo Iurcovich. Entonces, por más que el diputado Romero intente adjudicarme malicia en endilgarle que está beneficiando a Mercoteles, es el mismo el que aclara que presenta el proyecto (aprobado luego) exclusivamente para beneficiar al pobre propietario que no puede ejercer su derecho porque una cooperativa “usurpa” el inmueble.

No aclares que oscurece, dice el refrán, y este es el caso. Y si vamos a hablar de malicia, recordemos que el ex presidente Macri vetó la ley de expropiación del BAUEN como regalo de Navidad.

Editor Ansol

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