*Eliana M. Villagra

En el año 1972 con el Decreto-Ley 20.337 se reconoció a las cooperativas un “estatus jurídico” especial, donde la legislación permitió diferenciar esta forma jurídica definitivamente de cualquier otro tipo de sociedad.

En su articulado no se contempla específicamente la regulación de la figura cooperativa de trabajo, sin perjuicio de lo cual queda en cabeza del órgano nacional de registro y fiscalización cooperativa INAES (órgano descentralizado del Ministerio de Salud y Desarrollo Social Nación), el sancionar diversas normativa que regule y desarrolle la figura jurídica específicamente.

Sin embargo, y en especial las cooperativas de trabajo cuentan con diversa regulación normativa proveniente no sólo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES, sino que también existe normativa proveniente del Ministerio de Producción y Trabajo, INTA, la AFIP y el ANSES (entre otros órganos públicos nacionales, provinciales y locales) donde se dicta normativa que regula el actuar de estas entidades.

En los últimos años podríamos afirmar que la normativa dictada por cada una de estas dependencia públicas se encuentran en concordancia y/o coordinadas en sus líneas de acción, pero otras tantas no lo están y es en esta situación donde comienzan a visibilizarse obstáculos y dificultades que no permitirían en la práctica el pleno desarrollo de los derechos de los trabajadores cooperativos.

Entre los principales obstáculos que podemos detectar y mencionar, encontramos leyes nacionales de emergencias económicas, sociales y laborales que perduran desde la emergencia económica de los años 2001/2002.

Estas leyes nacionales guardan como principal característica una situación de “emergencia” y un “plazo de tiempo” para su cumplimiento, debiendo ambos factores llevar una lógica y coherencia porque se dictan frente a situaciones excepcionales y coyunturales que deberían de cesar (siendo prudente estimar un tiempo corto y prudencial a fin de buscar la “normalización” de la situación).

Según la pirámide de Kelsen, la leyes nacionales se encuentran entre las normas jerárquicas de la estructura normativa (siendo la Constitución Nacional y algunos Tratados Internacionales la cúpula), y en consecuencia aquellas normas inferiores que se dicten en base a estas leyes deberían guardar lógica y coherencia con las superiores. En tal sentido, la normativa inferior derivada de leyes de emergencias deberían durar o estar vigentes el tiempo que dure la situación de coyuntural.

A modo de comprender o graficar lo dicho, las leyes nacionales de “emergencia” sancionadas en el año 2002 aún siguen prorrogándose sin interrupción a la fecha desde la Ley 25.561 que declaró la “emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, régimen cambiario, modificación de la ley de convertibilidad” (entre otras materias), hasta el dictado de la Ley no 27.345 vigente sobre “Emergencia Social” que por cierto tiene un plazo de vencimiento al 31 de diciembre de 2019 (Ley donde se hace referencia a la Economía Popular y al Trabajador de la Economía Popular).

Este dato no es menor, si remarcamos el hecho que a partir de dichas leyes nacionales se dictó diversa normativa inferior que en materia cooperativa de trabajo han y aún siguen regulando a la figura jurídica, así como también se regulan derechos de los trabajadores cooperativos. En tal sentido, podríamos decir que si las leyes superiores tienen un plazo de vencimiento y/o disponen circunstancias que de acontecer hacen que dicha ley deje de estar vigente, esto nos lleva a pensar que bajo un “efecto dominó” toda la normativa inferior dictada en consecuencia podría también dejar de tener efectos a su vencimiento… situación que jurídicamente podría llegar a lesionar derechos de los trabajadores cooperativos.

También podemos mencionar otros obstáculos normativos en materia cooperativa de trabajo, como los que refieren a las entidades que son declaradas por el INAES como “Cooperativas Sociales”, Res. no 1/2019 INAES acorde al concepto de CICOPA adoptado bajo el instrumento referente a los denominados Estándares Mundiales de las Cooperativas Sociales (2011). Si bien dichas entidades son inscriptas bajo la figura jurídica cooperativa de trabajo, se pueden distinguir aquellas cooperativas sociales donde sus asociados guardan relación con la legislación referente a salud mental.

En estos casos es aplicable la Ley no 26.657 (2010) sobre Salud Mental, que establece en su artículo 11 como modalidad de abordaje el promover el desarrollo de dispositivos bajo cooperativas de trabajo. Según esta ley marco queda en cabeza de la autoridad de aplicación el deber de coordinar con elárea de desarrollo social las líneas de acción pertinentes para la inclusión social y laboral.

La mayoría de los trabajadores de este tipo de cooperativas perciben pensiones no contributivas por discapacidad (que son reguladas por normativa nacional y/o bien por provincial y/o local); y a su vez estos trabajadores deben inscribirse en la categoría tributaria monotributo o monotributo social ante la AFIP por pertenecer a una cooperativa de trabajo, según Res. 249/18 SES, Ley 25.865 y modificatorias. La principal dificultad radica en la contradicción o falta de coordinación existente entre la normativa de muchas provincias sobre el tema de las pensiones y la normativa referente a cooperativas de trabajo, situación que termina poniendo al trabajador asociado en el hecho de tener

que elegir entre renunciar a su pensión para poder trabajar o en dejar de ser asociado de su cooperativa para seguir cobrando la pensión.

Los límites y obstáculos normativos en materia cooperativas de trabajo abarca mucho más que lo aquí expresado, comportando un tema más complejo y extenso donde existe tanta normativa como organismos estatales y estructuras gubernamentales vigentes. Sin embargo, si la legislación se enfocase más en los sujetos de derecho involucrados, tal vez la normativa podría guardar una mayor coherencia al momento de ser aplicada.

*Integrante de la Comsión de Derecho Cooperatio, Mutual y entidades de la ESS de la Asociación de Abogados de Buenos Aires AABA, y docente colaboradora del CEES de UNTREF.

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