En la última sesión de la legislatura porteña -a instancias de un proyecto presentado por el diputado oficialista Claudio Romero- se eximió del pago del ABL e impuestos brutos adeudado desde el 2005 hasta la actualidad. La beneficiada es la
empresa Mercoteles S.A., propiedad de la familia Iurcovich.

06 DIC 2019 CABA (Ansol) Con la totalidad de votos del oficialismo, la legislatura porteña condenó la deuda de ABL e impuestos brutos que tenía la empresa Mercoteles S.A., propiedad de la familia Iurcovich, sobre el hotel ubicado en Callao 360.

El Hotel Bauen es gestionado desde el año 2003 por trabajadores organizados en una cooperativa que han sostenido el proyecto desde entonces y en la actualidad enfrentan una orden de desalojo dispuesta por la jueza Paula Hualde, del Juzgado Comercial 9.

“La condonación de deuda de ABL e Inmobiliario a Mercoteles S.A. de la familia Iurcovich no hace más que confirmar la estrecha vinculación política y de intereses económicos entre el gobierno porteño y los titulares registrales. Con esta medida, y de continuarse con el desalojo de la cooperativa, Iurcovich recuperaría el inmueble del préstamo que nunca pagó, dejando a más de 100 familias en la calle sin pagar un peso de indemnización y sin deuda municipal. En fin: capitalismo del bueno, entre amigos”, expresó en diálogo con la Agencia de Noticias Solidarias Ansol, Ataliva Dinani, abogado de los trabajadores del Hotel Bauen.

En un reciente comunicado, los trabajadores destacaron que la empresa nunca pagó el crédito otorgado por la última dictadura militar. «La orden de desalojo deviene de un reclamo generado por Mercoteles S.A, empresa perteneciente al grupo BAUEN, que construyó el edificio con un crédito impago a la ex Banade, otorgado por la dictadura cívico-militar para ampliar la oferta hotelera del Mundial 78, dinero público que nunca fue devuelto al Estado Nacional. En diciembre de 2001, los mismos empresarios que recibieron esos fondos provocaron el cierre del hotel, dejando a todos los trabajadores en la calle y abandonando las instalaciones. En 2003 el hotel fue recuperado por los ex empleados y desde ese momento es una empresa gestionada por sus trabajadores».

En uno de sus extractos el proyecto dice: “Considero impertinente que la persona cuyo inmueble fue usurpado, deba encima pagar los impuestos del mismo. El derecho a la propiedad es un principio inalterable de la vida democrática; si un ciudadano se ve impedido de ejercerlo, es menester que el cobro de los impuestos sea condonado”.

El proyecto fue presentado por el diputado oficialista Claudio Romero en la última sesión del año de la legislatura porteña.

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