(Ansol).- La generación eléctrica en hogares ya es hoy una realidad en Argentina, tras la aprobación de la ley 27424, que estipula los derechos y deberes de los pequeños y medianos consumidores al momento de producir su propia electricidad y su posible venta al proveedor.

“Todo usuario de la red de distribución tiene derecho a instalar equipamiento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables hasta una potencia equivalente a la que éste tiene contratada con el distribuidor para su demanda”, declara en su texto el nuevo Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública.

Por otra parte, en su capítulo V, la ley establece la conformación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida, que tendrá como fundamento el fomento, por medio de fondos, préstamos e incentivos, para el establecimiento de sistemas de generación distribuida.

La economía solidaria y la nueva ley

Este proyecto trajo discusiones al interior del sector cooperativista y mutualista, ya que, por un lado, hay quienes temen que la generación distribuida asiente las desigualdades en las comunidades, ya que solo aquellos que puedan pagar los 50 o 100 mil pesos que implica el equipamiento hogareño podrán acceder a las nuevas tecnologías, a la vez que las empresas de distribución eléctrica se verán desfinanciadas por la pérdida de consumidores y aumentarán las tarifas para el resto de la población.

Sin embargo, otras voces destacan que la economía solidaria tiene que tomar un rol activo en la propagación de este sistema, ya sea por medio del crédito social, pero también en la formación de profesionales especializados en este nuevo mercado de la generación distribuida.

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