(Ansol).- «Algunos de los impactos previsibles son un significativo aumento del desempleo, particularmente debido a la liberalización del comercio de productos industriales y servicios; la caída de los niveles salariales asociados con el aumento del desempleo ante la pérdida de fuentes de trabajo; la reducción de gastos de salud, educación y programas de apoyo social; y mayor vulnerabilidad de los hogares pobres a las fluctuaciones de los precios internacionales», detalló Marchini sobre los posibles efectos del acuerdo.

El especialista repasó las posibles implicancias de la propuesta con la que el Mercosur buscar sellar este viernes un acuerdo de libre comercio con la UE, en un artículo titulado El tratado de libre comercio con la Unión Europea y difundido por el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges).

«El tratado, hoy en consideración reservada, solo traerá cierre de fábricas, desocupación y pobreza, como ya ocurre en Colombia y México», sintetizó Marchini, tomando como referencia las consecuencias de la apertura comercial que están experimentando algunos países del Pacífico.

«La firma de acuerdos comerciales como el que se propone la UE en forma inmediata con el Mercosur no puede quedar sólo en manos de un grupo pequeño de especialistas y la presión de grupos de interés o medios de comunicación superficiales, sectarizados o interesados», reclamó el economista.

«Es necesario requerir transparencia en las negociaciones y ponerlas en debate público, eliminando los niveles de confidencialidad que exigen los europeos», propuso.

En ese sentido, reiteró que un acuerdo de libre comercio en las condiciones que plantea la Unión Europea «podría ser absolutamente contradictorio con los propósitos de desarrollo económico independiente que han proclamado en forma reiterada los gobiernos» del Mercosur, entre los que están Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

De acuerdo con la agencia estatal Télam, técnicos de los países del Mercosur continuaban en estos días analizando la oferta que será presentada a la UE. Semanas atrás, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, analizó los principales puntos trazados para la negociación del acuerdo con la ministra de Industria, Débora Giorgi; el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela; y el canciller Héctor Timerman.

Los funcionarios, más allá de los avances reconocidos, reiteraron su preocupación, como históricamente viene planteando la Argentina en las rondas de negociación, sobre la continuidad de las políticas proteccionistas arancelarias y no arancelarias empleadas por la UE para impedir el efectivo acceso de los productos de la región a sus mercados.

También se mantienen los cuestionamentos a las políticas de subsidios a la producción y a la exportación de alimentos de la UE, que dificultan las posibilidades de exportación de países altamente eficientes en la producción de alimentos de alto valor agregado y que redundan en impactos negativos sobre los precios internacionales de los productos agropecuarios.

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